Moreno cesa al alto cargo de la sanidad andaluza que diseñó los contratos a dedo con la privada investigados por el juez

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha destituido este miércoles al gerente de las cuentas de la sanidad andaluza -es decir, el mayor presupuesto de la Junta de Andalucía-, y también encargado de definir el sistema de contratación de obras, bienes y servicios en todos los centros sanitarios de la comunidad. Es el último alto cargo destituido en la cúpula de la Consejería de Salud responsable de los contratos a dedo con la sanidad privada que investiga la Justicia.

José Antonio Miranda (Jaén, 1962) ha sido director general de Gestión Económica y Servicios del Sistema Andaluz de Salud (SAS) desde que se forma el primer Gobierno de Moreno, en 2019, hasta hoy. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles su cese y el nombramiento de su sustituta, Amparo Simón. La consejera de Salud, Rocío Hernández, ha defendido “el ingente trabajo que ha realizado durante la pandemia”, y ha explicado que él mismo ha “pedido un descanso”, porque “tiene la jubilación muy cerquita”.

Pero Miranda, un veterano diputado del PP andaluz durante los años de gobierno socialistas, no ha sido un simple gestor en la Administración. Ha sobrevivido al cese de dos consejeros, dos gerentes del SAS y una docena de altos cargos destituidos bajo el peso de unas listas de espera quirúrgicas desbocadas, y un desvío masivo de fondos a la sanidad privada para tratar de embridarlas, a costa de contratos a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva sin control fiscal, que ahora están bajo la lupa del juez y la Fiscalía Anticorrupción.

En los últimos cinco años, marcados por el impacto de la pandemia de Covid-19, Miranda ha dirigido la política presupuestaria del SAS y ha diseñado, coordinado y ejecutado la planificación de los contratos a dedo con la sanidad privada por miles de millones de euros, cuestionados por los propios interventores del SAS, y que en este momento investiga un juzgado de Sevilla y otro de Cádiz.

Los tribunales y el Ministerio Público están investigando un posible caso de prevaricación en los contratos de emergencia que firmó el SAS con clínicas privadas entre 2020 y 2024, amparándose en un Real Decreto habilitado durante la pandemia cuando ya estaba derogado. Hay tres altos cargos imputados en esta causa, la actual gerente, Valle García, y sus predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

El PSOE andaluz es el responsable de la querella en los tribunales, donde ha apuntado a “altísimas instancias del Gobierno” de Moreno. En su denuncia no han llegado citar expresamente a Miranda, pero sí han apuntado implícitamente a su departamento, como responsable de “la definición de las estructuras integradas para la contratación de obras, bienes y servicios, para todos los centros sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía de cada provincia”. “Es el perejil de todas las salsas”, dicen los socialistas, señalándole como “epicentro” de todos los contratos a dedo bajo sospecha.

Prórrogas y ampliaciones de presupuesto

Este sistema de contratación excepcional (a dedo) para situaciones de urgencia sobrevenida fue prorrogado cuatro veces entre 2021 y 2024, con continuas adendas de gasto que triplicaron el presupuesto inicial de 70 a 243 millones de euros. Los interventores del SAS emitieron informes definitivos desfavorables cuestionando el abuso del contrato de emergencia, bajo la excusa de la pandemia, en 2021, 2022 y 2023.

Los auditores coinciden en que el marco legal estatal estaba “plenamente derogado”, que desde 2021 la pandemia ya estaba “bastante atemperada” y era un fenómeno “previsible”, y que la prórroga de ese tipo de contratos contravenía las directrices de la Consejería de Hacienda que, en mayo de 2021, exigió por escrito al responsable de las cuentas del SAS que limitase esos contratos a situaciones de carácter “excepcional y residual”.

Miranda, como director general de Gestión Económica del SAS, fue el encargado de defender estos contratos ante la Intervención General de la Junta en las alegaciones a sus informes. Los auditores denunciaron “salvedades de especial relevancia”, esto es, irregularidades en la contratación que el SAS no corregía pese a sus advertencias.

La Consejería de Salud siempre replicó los mismos argumentos de defensa: que los efectos de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de 2020 persistían tres años después, que la presión asistencial había disparado las listas de espera quirúrgicas y, por tanto, debían seguir prolongando la contratación a dedo para derivar a miles de pacientes a la privada.

La Junta se aferra a dos informes de su Gabinete Jurídico, realizados a demanda expresa del SAS en 2021, que avalan las prórrogas de los contratos de emergencia con clínicas privadas hasta el verano de 2023. Pero el órgano de fiscalización de la Junta tumbó este argumento en el Informe definitivo de Control sobre el Cumplimiento de la Normativa aplicable en los Expedientes de Tramitación de Emergencia 2022-2023, fechado el pasado 30 de julio de 2024.

En ese informe aparecen de nuevo las alegaciones de Miranda, que la Intervención desestima porque considera “una interpretación racional de las normas” para justificarse y aportar “juicios de valor realizados por el órgano gestor como tales”, por lo que “no entra a valorarlos al no tratarse de alegaciones a los incumplimientos normativos denunciados”.

Cinco años de contratos a dedo

El SAS lleva contratando a dedo servicios, obras y prestaciones -sin publicidad ni concurrencia competitiva ni control fiscal previo- desde 2019 hasta la actualidad, encadenando todas las variantes que le permite la Ley de Contratos del Sector Público: el contrato de emergencia, el contrato menor y, ahora, el contrato negociado sin publicidad.

Miranda ha sido también el responsable de las memorias justificativas que acompañan los últimos contratos a dedo con la sanidad privada este mismo año (negociados sin publicidad), que la ley reserva para situaciones “imprevisibles, de imperiosa urgencia y no imputables” al SAS. También fue el encargado de autorizar y justificar el desvío de partidas millonarias de la sanidad pública a la privada, aprobadas en los Consejos de Gobierno.

Los argumentos que ofreció, tanto en las alegaciones a los informes desfavorables de la Intervención como en las memorias justificativas de las transferencias de financiación a la privada, siempre fueron los mismos desde 2021 hasta muy recientemente, que el SAS ha vuelto a prorrogar los contratos negociados sin publicidad hasta final de año.

El pasado enero, el Consejo de Gobierno prorrogó otros seis meses los contratos negociados sin publicidad con clínicas privadas de Almería y de Sevilla para derivar a cientos de pacientes en la lista de espera quirúrgica, y la portavoz de la Junta, Carolina España, confirmó que la prórroga se extendería al resto de provincias.

La memoria justificativa de esas nuevas prórrogas de contratos negociados en 2025, firmada por Miranda, reproduce los mismos argumentos que usó en defensa de los contratos de emergencia en 2021, 2022, 2023 y 2024: la pandemia y el impacto persistente en la sanidad andaluza cinco años después. Argumentos que ya habían sido desestimados por los interventores del SAS en los informes definitivos de fiscalización de los contratos de emergencia de 2021, 2022 y 2023.

“La pandemia de la Covid–19 provocó una grave crisis sanitaria y relegó a un segundo plano la actividad asistencial programada y ordinaria, debido a las necesidades urgentes que planteaban los pacientes con Covid–19. Dicho contexto produjo un incremento de las consultas de especialistas en 2022 y en 2023 que supuso que los pacientes llegaran al año 2024 con más necesidades de intervenciones quirúrgicas”, reza el escrito del exdirector general de Gestión Económica del SAS.

Primera noticia, 12 de marzo de 2023

elDiario.es Andalucía destapó la continuidad de los contratos a dedo del SAS con la sanidad privada el 12 de marzo de 2023, y 48 horas después el Gobierno de Moreno anunció su cancelación y la vuelta a un sistema en abierto, con publicidad y concurrencia.

Pero, dos años después, la Junta de Andalucía no ha vuelto a la contratación ordinaria en abierto. En septiembre de 2024 anunció un “plan de choque” para reducir las abultadas listas de espera de pacientes (quirúrgicas y de diagnóstico), consistente en unos Acuerdos Marco con contratos basados firmados con clínicas privadas y un presupuesto total de 734 millones de euros para un periodo de cuatro años.

Era un procedimiento para estabilizar y estandarizar los contratos con la sanidad privada, estableciendo condiciones homogéneas para todas las empresas privadas que optaran a licitaciones públicas, haciendo el procedimiento más transparente y con mayores controles internos. El presidente Moreno defendió ese “plan de choque” en el Parlamento andaluz, cuando toda la oposición en bloque le atacó por el “escándalo” de los contratos a dedo.

Pero tres meses después, la práctica totalidad de altos cargos que diseñaron aquel plan de choque fue destituida -incluido el viceconsejero, el gerente del SAS y su adjunto-. Miranda fue el único que se mantuvo en su puesto, con una la gerente actual, y la nueva dirección metió en un cajón los Acuerdos Marco y reactivó los contratos a dedo, esta vez con la modalidad del negociado sin publicidad, que es el que persiste en la actualidad, casi cinco años después del estallido de la pandemia.

En su última memoria justificativa, Miranda advierte de que los Acuerdos Marco para que el SAS recupere la contratación en abierto con la sanidad privada, con publicidad, concurrencia y un mayor control fiscal, “se encuentran todavía en tramitación, debido al gran volumen de documentación de las ofertas recibidas por la alta concurrencia de empresas participantes, así como por el alto número de agrupaciones y lotes a los que se licita, lo que ha supuesto que la tramitación ante la Mesa de Contratación esté siendo muy compleja”. Preguntada al respeto, la consejera de Salud ha insistido hoy en que espera que puedan terminar de tramitarse “en este semestre”.

En paralelo a la investigación al Gobierno andaluz por los contratos de emergencia del SAS, otra causa judicial investiga si hubo malversación en el abuso de los contratos menores con la sanidad privada en Cádiz, destapando un “fraccionamiento masivo e indebido” de miles de contratos millonarios para “eludir” la legislación. Los interventores de la Junta han censurado este troceo de contratos sanitarios en una decena de informes desfavorables, que ponen bajo sospecha 1.225 millones de euros.