La jueza de la DANA pide las grabaciones de las llamadas al 112 de los familiares de las víctimas que lo han consentido

La jueza de la DANA sigue investigando las llamadas al 112 del día de la tragedia. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja considera que avisos de la ciudadanía al teléfono de emergencias fue uno de los “anuncios de la gravedad de la situación” con “antelación suficiente” que debían haber alertado al departamento autonómico de Emergencias, dirigido por la entonces consellera Salomé Pradas, de la que se avecinaba. La magistrada ha acordado solicitar al 112 de la Generalitat Valenciana la “copia íntegra” de la grabación de las llamadas al teléfono de emergencias realizadas el pasado 29 de octubre por uno de los perjudicados, Juan Carlos M. R., quien “ha mostrado su consentimiento al respecto”, según indica una providencia de la instructora a la que ha tenido acceso este diario. La jueza pide al 112 que haga “expresa referencia” a la hora en la que fueron efectuadas cada una de las llamadas.

Por otro lado, la instructora también ordena que se contacte con Ana R. S., hermana de una de las perjudicadas en la DANA para que manifieste si presta “igualmente” su consentimiento para obtener las llamadas que realizó al 112 el día de la barrancada.

El contundente auto de la jueza que imputa a la exconsellera Pradas, dictado este lunes, consideraba que el 112 era un “canal de información privilegiado” al estar “integrado” en las instalaciones de la Generalitat en l'Eliana donde se desarrolló la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). 

La magistrada destaca que el 112 comenzó a recibir llamadas relativas a los efectos de la desde la madrugada del 29 de octubre. En total, según el informe de la Generalitat aportado a la causa, el 112 registró casi 20.000 llamadas durante toda aquella jornada.

A partir de las 16.40, se recibieron los primeros avisos sobre el desbordamiento del barranco del Poyo. Horas antes del envío de la alerta a los móviles, el teléfono de emergencias registró numerosos avisos sobre niños, mujeres embarazadas y bebés atrapados por la inundación. La exconsellera Pradas se desentendió de las llamadas alegando que no formaban parte de sus “funciones institucionales”.

La jueza también tiene pendiente resolver sobre la petición de diligencias del sindicato CGT, que ejerce una de las acusaciones populares de la causa y que solicitó que se pidieran “todos los audios” de las llamadas al 112 el día de la DANA.

Informes forenses de las secuelas psíquicas

La providencia de la jueza también pide al Instituto de Medicina Legal (IML) de València una informe forense que valore los daños morales y las secuelas de orden psíquico de una trentena de familiares de fallecidos o de desaparecidos. Se trata de los familiares de víctimas mortales que relataron ante la instructora sobre los últimos momentos con vida de sus seres queridos, unas declaraciones de una extrema dureza.

La magistrada destaca que los familiares sufren “patentes” secuelas psíquicas, con un “importante número” en terapia psicológica o de baja médica.

Además, la jueza también ha pedido al IML un informe forense de las lesiones físicas y de los daños morales y las secuelas psíquicas de Juan Antonio B. M. Se trata de uno de los lesionados a consecuencia de la DANA que sufrió la amputación de una pierna.

El hombre, en tratamiento de diálisis, acudió a Benetússer a visitar a su tía poco tiempo antes de la barrancada. Cuando el agua empezó a inundar el municipio, se dirigió a donde tenía aparcado su vehículo, pero ante una “ola” y la crecida de la riada, “algo” le golpeó en la pierna.

Gracias a la ayuda de los vecinos, el hombre pudo refugiarse encima de una furgoneta hasta que, a la 01.37, una patrulla policial le ayudó a bajar y lo llevó a una vivienda. Al día siguiente, se fue caminando hasta el barrio de La Torre. A consecuencia de una sepsis, sufrió la amputación de su pierna derecha.