El Parlamento andaluz pide a sus letrados que acoten la comisión de financiación de partidos tras 30 años de inactividad

La Mesa de la comisión de financiación de partidos políticos del Parlamento andaluz se ha reunido este miércoles para abordar la solicitud de PSOE y Adelante Andalucía para convocar este órgano -en desuso desde hace 30 años- con objeto de investigar los supuestos sobresueldos que cobraron altos cargos del PP en Sevilla. Los populares, que tienen mayoría en el órgano de dirección de esta comisión, han impedido la reapertura de la comisión para este fin y los socialistas amagaron con llevar el caso ante la Oficina Antifraude.

Sin embargo, no ha llegado la sangre al río. Sorpresivamente, todos los partidos de la Cámara se han puesto de acuerdo en pedir a los servicios jurídicos un informe que clarifique las competencias de esta comisión, con apenas actividad las últimas tres décadas, más allá de amagos por parte de los populares -antes- y los socialistas -ahora- de echarse en cara supuestos de corrupción o irregularidades en sus cuentas.

La Comisión de seguimiento y control de financiación de partidos políticos del Parlamento andaluz, un órgano de carácter permanente y no legislativo, sólo se ha reunido tres veces en esta legislatura: la primera para su constitución, y las dos últimas para sustituir a alguno de sus miembros.

Lleva inactiva casi 30 años, aunque a lo largo de la historia parlamentaria ha sido invocada por los partidos de la oposición a anteriores gobiernos socialistas al eco de noticias e investigaciones judiciales relacionadas con la corrupción. El reglamento de la Cámara define esta comisión para el “estudio, análisis y propuestas” sobre la financiación de los partidos aquí representados, pero las subvenciones públicas que estos reciben ya están fiscalizadas por el Parlamento, la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas.

“Sobresueldos” en el PP de Sevilla

Esta vez ha sido el PP, que sostiene al Gobierno de Juan Manuel Moreno, el que ha frenado el intento de los grupos de la oposición de llevar al Parlamento la polémica de los sobresueldos que cobraron altos cargos de su partido en Sevilla hace diez años. El asunto trascendió por la filtración de un miembro del PP sevillano y dio de lleno al hoy delegado de Hacienda del Consistorio hispalense, Juan Bueno, y a otros concejales, en una etapal en la que el actual alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, era secretario general del PP andaluz.

La polémica no se limita al hecho de que dirigentes públicos del PP cobraran pagas extra mientras España estaba sumida en una política de recortes drásticos en el gasto público impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy para enfrentar la crisis financiera internacional. También salió a la luz un manejo cuestionable de las subvenciones públicas del grupo popular en la Diputación de Sevilla como gastos de funcionamiento del partido, incluido comidas, copas o fletar 70 autobuses llenos de simpatizantes al mitin de cierre de campaña electoral en las municipales de 2011, que el PP ganó con mayoría absoluta.

El portavoz popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha contraatacado esta miércoles al PSOE presentando una docena de contratos a dedo, por un montante de 350.000 euros, que la Diputación de Sevilla gastó para organizar dos galas en FITUR en enero de 2024. Los populares han distribuido 12 expedientes de contratación sin licitación pública -contratos menores y negociados sin publicidad- para distintos aspectos relacionados con una de las galas celebradas en la Feria Internacional del Turismo, en Madrid: alquiler del espacio, catering, medios audiovisuales, alquiler y montaje de la tarima para el espectáculo, actuación artística, elaboración del postre...

Martín ha hablado de “comilonas” y “dispendio” y ha denunciado que se trata de “contratos fraccionados”, sin publicidad ni concurrencia competitiva, para eludir la Ley de Contratación Pública, un asunto similar al que salpica al Gobierno de Moreno por los contratos troceados del SAS que investiga un juzgado de Cádiz por un supuesto delito de malversación.

Sin embargo, el “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos millonarios en el SAS es algo que reseñaron los propios interventores de la Junta, que denunciaron en sus informes de control interno el abuso de la figura del contrato menor para “eludir la legislación”. Los auditores, citando la ley, explican en sus informes que el fraccionamiento de contratos es el uso de contratos menores encadenados para pagar el mismo concepto y a la misma empresa, sorteando así los topes de gasto que fija la legislación para el contrato menor (15.000 euros).

El PP ha aportado como prueba los expedientes de gasto de la Diputación de Sevilla, pero en ellos se ve que cada contrato tiene un objeto distinto -todos relacionados con la organización de la gala de FITUR- y con un proveedor diferente.

Desde la Diputación de Sevilla, por su parte, se apunta que se trata de “contrataciones totalmente justificadas, acordes a ley y al objeto de contratación que se especificaba en cada caso”. Así lo ha señalado el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, que insiste en que en ningún caso se han fraccionado los contratos para eludir controles.

Así, defiende que cada contratación realizada “obedece a un objeto concreto en función de las necesidades”, que son independientes y que tienen objetos diferentes y distintas empresas adjudicatarias. Un proceso, apostilla, “con todos los informes jurídicos y económicos favorables”.

De paso, ha recordado que Prodetur asume los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención de los miembros de la corporación provincial, conformada por todos los grupos políticos, “entre ellos el PP”.

La Diputación enmarca la denuncia del PP en una “política de difamación” con la que intentar levantar “una cortina de humo para tapar las irregularidades y cuestiones judicializadas del PP de Sevilla”. Y resaltan que “resulta especialmente significativo” que eso ocurra justo el día en el que se reunía la Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de los partidos políticos a cuenta de los presuntos sobresueldos a dirigentes populares pagados precisamente con fondos de la institución provincial.