La Sareb suspende los desalojos de este jueves en la capital grancanaria por la presión vecinal
Los desahucios de ocho familias vulnerables previstos para este jueves en Las Palmas de Gran Canaria quedan suspendidos. Así lo ha afirmado el departamento de comunicación de la entidad a la redacción de este periódico en la tarde de este miércoles.
Se trata de al menos ocho familias, con menores y personas mayores enfermas. Algunas son de origen saharaui que padecen enfermedades crónicas del pulmón o que necesitan diálisis. Desde hace tiempo estas vecinas del barrio de Santa Catalina tratan su dolencias en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria. Además, hay familias con menores a su cargo, entre los que se encuentra un bebé; y un refugiado palestino, entre otros inquilinos.
El primer intento de lanzamiento, en octubre de 2024, se paró a petición de la propia Sareb por “riesgo reputacional”, al estar presente en el inmueble un equipo de la Televisión Canaria. En esta ocasión los medios de comunicación también han acudido a la llamada de los activistas y vecinos que piden no apartar la vista de lo que pase en los próximos días con el futuro de estas familias.
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Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.
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“Actualmente ocupan ocho viviendas desde que, en 2022, firmaran unos contratos de alquiler con la inmobiliaria Inmo Home, perteneciente a la empresa Multiinversiones, que entró en impagos y desapareció. Posteriormente, el banco malo compró esas casas, por lo que les quiere desahuciar” sin alternativa habitacional“, denuncia la portavoz de esta plataforma vecinal, Andrea Farah.
El portavoz de los sahararuis, Budda Mohamed Najem ha sido claro a la hora de explicar cómo se frenó anteriormente este mismo intento lanzamiento: “Se paró porque cuando llegó el comisión judicial, se encontraron los medios de comunicación en el edificio y por riesgo reputacional el juez decidió parar el desahucio y lo aplazó y nos hemos encontrado ahora en estos momentos que vuelven otra vez a esta situación. Son personas que han pagado su alquiler con contratos legales”.
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