Análisis

Menos mal que Clavijo es economista, “oye”

Estamos salvados: Fernando Clavijo es economista. Lo cual significa que las medidas que ha propuesto en el debate del estado de la nacionalidad (y dos piedras) que se ha celebrado esta semana en el Parlamento de Canarias vienen avaladas no solo por su dilatada experiencia en la política, sino también por los profusos conocimientos que le transmitieron en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna en la que se licenció.

Si no fuera por esos avales, parecería bastante peregrino que el presidente de Canarias haya amenazado a los empresarios turísticos con subirles los impuestos si no son capaces de pagar más a sus empleados. Porque Clavijo no cree que el problema que está sufriendo el sector turístico canario sea la masificación, su carácter depredador del territorio, su escasa sostenibilidad o los nuevos modelos de explotación en determinadas zonas urbanas. Él cree que el problema es que los empleados del sector turístico ganan poco, que los convenios colectivos, a los que están concernidas todas las empresas, son insuficientes y que hay que pagar más. Opina que esa subida salarial puede ser decisiva para reducir la enorme brecha que existe entre los beneficios empresariales y la clase trabajadora. Y que, “oye, con más renta disponible los trabajadores compran el pan, cambian de coche… toda esa riqueza se transforma en consumo, que esas familias van a poder hacer”, dijo este miércoles en la Cope. Impresionante.

Resulta curioso que todo esto lo diga ahora un presidente economista que en su anterior mandato (2015-2019) promovió una campaña de captación de inversores exhibiendo como principal atractivo de Canarias los bajos sueldos que cobran sus trabajadores. Muy al modo de ver que tuvo aquel visionario que llegó a consejero de Economía Hacienda y confidente de José María Aznar que llegó a proponer como solución al monocultivo del turismo la singapurización de Canarias. Isla Mauricio, nos empezaron a llamar entonces.

Hubo que esperar a la mañana siguiente de ser pronunciada la ocurrencia de Clavijo en el Parlamento de Canarias para conocer, en una entrevista que el presidente canario ofreció en la cadena Cope, que la subida impositiva con la que amenaza a la clase empresarial sería en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Es decir, que no le subiría los impuestos a los empresarios, sino a los clientes de los empresarios (tanto locales, como nacionales o internacionales), que verían incrementado el coste por pernoctación, en el caso de que la subida del IGIC se aplicara solo al sector hotelero; o, en el peor de los casos, lo pagaríamos todo el público municipal y espeso, incluidos los turistas que nos visitan y a los que el mismo presidente del mismo Gobierno se niega a aplicarles la famosa tasa turística, precisamente pensada para corregir las disfuncionalidades que provoca el turismo.

“Que, oye, toda esa riqueza que se genera gracias a nuestro patrimonio natural, pues que se reparta un poco mejor”, le vino a decir a modo de resumen al periodista Roberto González. Ese reparto vía IGIC supone que la Administración autonómica recaude más dinero del que actualmente recauda (este año va camino de nuevo récord precisamente por el gasto turístico) que ha de repartir con los cabildos y los ayuntamientos, sean o no turísticos, para gastarlo en lo que cada institución considere más conveniente en función de sus necesidades. 

Pero, en resumen, de prosperar la estrambótica amenaza de Clavijo a los empresarios, la subida de los salarios de los trabajadores del sector turístico lo pagarían todos los consumidores de las Islas, los nativos y los dieciocho millones de turistas que ahora nos visitan.

No se conoce hasta el momento de cuál es la posición del Partido Popular, socio de Clavijo, en esta ocurrencia presidencial dado su irreductible rechazo a todo lo que pueda suponer cualquier subida de impuestos. De Coalición Canaria ya sabemos que ha quedado en nada lo que prometió en campaña electoral de bajar el IGIC del 7% actual al 5%.

No contento con las amenazas al empresariado turístico, Clavijo la emprendió también en el Parlamento con los extranjeros que compran viviendas en Canarias. Para que nos entendamos, con los italianos que están comprando viviendas en Canarias, que esa nacionalidad ya es la segunda en el Archipiélago después de la española.

El presidente dice que la iniciativa tiene que ver con la necesidad de fomentar que haya más viviendas disponibles para las personas de aquí que lo necesitan porque, a su entender, la población de las islas no puede seguir creciendo al ritmo que lo hace.

Las dudas jurídicas que esta medida plantea por los principios fundacionales de la Unión Europea de libertad de movimientos de capitales y personas no parecen preocupar mucho al presidente porque, a su entender, nuestra condición de región ultraperiférica puede contemplar una excepción a la regla. 

Las personas interesadas en comprar vivienda en Canarias pueden estar tranquilas porque el asunto ha sido puesto en manos de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias que ya hace tiempo que no aciertan ni una: reforma del Código Civil y la Ley del Menor, protocolo para menores migrantes, decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, decreto de dependencia…