El Gobierno mira a los Presupuestos tras salvar la última crisis con Junts

“Poco a poco, al final siempre vamos sacando todo adelante”. La frase, pronunciada este martes por una persona del equipo de Pedro Sánchez en la Moncloa, evidencia el espíritu optimista que insufló dentro del Gobierno el acuerdo alcanzado con Junts para aprobar un nuevo decreto social. El Ejecutivo da por superada la última crisis con el partido de Carles Puigdemont, que tras anunciar que rompía las negociaciones “sectoriales” con el PSOE materializó sus amenazas el miércoles 22 al sumar sus votos a los de PP y Vox para tumbar el conocido decreto ómnibus. Ese texto era especialmente importante porque incorporaba medidas de enorme calado social como la revalorización de las pensiones o la ampliación del escudo social, que ahora se han incorporado al nuevo decreto.

Durante seis días, el Gobierno hizo campaña contra las derechas por haber dejado caer unas iniciativas de las que dependía la vida de millones de españoles. Este mismo martes Sánchez habló de la “coalición negacionista”, en alusión a PP y Vox. Y el partido de Alberto Núñez Feijóo utilizó una vez más el fiasco parlamentario para dar al Gobierno por “agotado”. Pero con el nuevo texto Sánchez y los suyos ven ahora recompuesta la mayoría de la investidura y miran con esperanza hacia su gran reto: la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para este 2025. Y eso que desde Junts, su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, insistió por la tarde en lanzar al Gobierno el mensaje de que este acuerdo no supone una adhesión para futuras iniciativas, ni siquiera para las cuentas. “El Gobierno español no tiene mayorías y si quiere aprobar iniciativas, tiene que negociar”, remarcó ella.

Horas antes, el mensaje de Sánchez fue de tranquilidad. “No damos un partido por perdido, sudamos la camiseta y, al final, las cosas salen, en favor de la mayoría social”, dijo. En un gesto poco habitual, el presidente decidió comparecer él mismo tras el Consejo de Ministros que aprobó el nuevo texto. En su entorno destacan que tras los seis días transcurridos después de la votación fallida del Congreso era importante que el jefe del Ejecutivo diera la “cara” como garante de la gobernabilidad y de la continuidad de la legislatura, especialmente ante sus principales socios parlamentarios, muy molestos con el fiasco del primer decreto ómnibus.

En Moncloa remarcan que el nuevo texto tiene ya el visto bueno de todos sus aliados, incluido Junts, que mientras hablaba Sánchez hizo público un comunicado en el que zanjó: “Con este acuerdo, Junts per Catalunya levanta la congelación de las negociaciones sectoriales con el PSOE”. A cambio, los socialistas tuvieron que comprometerse a permitir que se tramite la proposición no de ley de Junts, ahora paralizada en el Congreso, en la que los independentistas piden a Sánchez que se someta a una moción de confianza en el Congreso.

El Gobierno “de los acuerdos”

Según dijo el presidente del Gobierno, los de Puigdemont modificarán la iniciativa para dejar claro que “la competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae en la Presidencia del Gobierno de España, previa deliberación del Consejo de Ministros”. Se trata de una reformulación que ya fue sugerida, también, por los letrados del Congreso. Una vez se vote la PNL, sea cual sea el resultado de la misma, Sánchez no tiene previsto de ninguna manera someterse a esa cuestión de confianza. “El Gobierno no ve necesidad de hacerlo”, dijo el presidente.

A partir de ahora, la estrategia de Moncloa consistirá en seguir negociando una por una las iniciativas que quiera sacar adelante en el Parlamento, y confía en que los resultados sigan dándole victorias como las 25 leyes aprobadas en 2024. “A pesar de las dificultades y a pesar de estar en minoría parlamentaria, el Gobierno de coalición progresista es el Gobierno de los acuerdos. Unos acuerdos que nos han permitido cosechar cifras récord de crecimiento económico, de transformación de nuestro modelo productivo, de creación de empleo y al tiempo, de reducción de las desigualdades y de los gases de efecto invernadero”, apuntó Sánchez.

Además de con los Presupuestos, el Gobierno deberá demostrar esa capacidad de acordar con las medidas económicas que sí iban en el decreto ómnibus que fue rechazado por el Congreso y que ahora se han eliminado del nuevo texto. La idea del Ejecutivo es aprobarlas en otro decreto “en cuestión de semanas”, una vez logrado el respaldo de los votos parlamentarios necesarios. Las medidas van desde el apoyo a la industria electrointensiva, al Plan Moves para la compra de vehículos eléctricos, o las entregas a cuenta para mejorar la financiación de las comunidades autónomas.

Lo que sí se ha incorporado al decreto pactado con Junts, que debe ser convalidado por el Congreso en los próximos 30 días, han sido medidas como la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la mejora de las pensiones mínimas, las ayudas a los municipios, hogares y empresas afectados por la DANA, las ayudas al transporte público o las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma. Sánchez presumió, además, de haber incorporado también una medida adicional en materia de vivienda, que no figuraba en el anterior texto que es la “creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos”.

Junts pide “cerrar carpetas antes de abrir nuevas”

Junts, por su parte, destacó que había conseguido incorporar al texto compensaciones por desperfectos a los propietarios de viviendas en alquiler además de las medidas a familias vulnerables, incluida la prohibición de desahuciarlas, una idea que en principio rechazaban los de Puigdemont.

El horizonte de unos nuevos Presupuestos también se allanó con la comparecencia de Nogueras, ya por la tarde, desde Barcelona. Aunque remarcó que Junts “no forma parte de ningún bloque español” la portavoz de Junts sí abrió la puerta a apoyar esas nuevas cuentas, si bien matizó: “Es importante que se cierren carpetas antes de abrir nuevas”. Fuentes de la formación independentista insisten en que todo depende de la “voluntad política” del PSOE y que la relación entre ambas formaciones es exclusivamente “política”, porque los socialistas necesitan sus votos y en Junts requieren de la capacidad legislativa del Gobierno para aprobar asuntos “para Catalunya”.