La Audiencia Provincial da la razón al empresario Barrabés y anula el registro de su casa que ordenó el juez Peinado

La Audiencia Provincial ha anulado la resolución por la que el juez Juan Carlos Peinado acordó registrar el domicilio y las empresas del empresario Carlos Barrabés, otro de los investigados en la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es los jueces de la Sección 23 determinan que Peinado no justificó la “urgencia” de hacer esos registros “cuando el investigado se encontraba ingresado en el hospital”, tal y como acreditan los informes médicos aportados a la causa. “No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad”, dice la resolución.

La Audiencia de Madrid recuerda que los acusados tienen derecho a obtener resoluciones debidamente motivadas y subraya que en caso contrario se vulnera el derecho a la tutela judicial. Los magistrados aluden a la doctrina del Tribunal Supremo, que establece que “la inviolabilidad domiciliar es algo más que un requisito formal”.

En este punto insisten en que, para autorizar un registro, es necesario que el juez “realice una valoración propia sobre la proporcionalidad y necesidad de la medida”. Los magistrados concluyen que en este caso “la urgencia en sí” para realizar el registro tanto en el domicilio como en las oficinas de Barrabés “no se justificó”, especialmente dado que “el investigado se encontraba ingresado en el hospital”.

El empresario Barrabés es uno de los cuatro imputados por el juez Peinado junto con Begoña Gómez, el rector de la Complutense Joaquín Goyache y Juan José Güemes, directivo del IE y exconsejero de los gobiernos madrileños de Esperanza Aguirre. La denuncia de Manos Limpias, nutrida de diversos recortes de prensa, afirmaba que Gómez había firmado cartas de apoyo a sus empresas para conseguir contratos públicos y que, además, también había participado en la gestión supuestamente irregular de los másters y la cátedra que Gómez tenía entonces en la universidad.

El juez ordenó registrar su casa y sus empresas el pasado mes de agosto en busca de pruebas y el empresario recurrió al entender que la medida no cumplía “los requisitos legal y jurisprudencialmente establecidos para la adopción de tan gravosa medida”. Los agentes entraron en su casa y en la sede de su empresa Innova Next en Madrid, poco después de que el juez cambiara su condición de testigo a imputado. “Se ha vulnerado el principio de proporcionalidad porque el sacrificio de los intereses en juego no es ni mucho menos superior al beneficio que se pretende obtener”, alegó el empresario. Ese recurso también denunciaba el “carácter prospectivo” del caso.

El juez investiga desde hace meses a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, después de una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias a la que, con el tiempo, se han sumado acusaciones populares como Vox, HazteOir o Iustitia Europa. La causa, inicialmente, giraba en torno a esas supuestas cartas de recomendación con las que Gómez, según Manos Limpias, había apoyado a las empresas de Barrabés en licitaciones públicas, así como en el posible papel que la esposa del presidente del Gobierno hubiera jugado en el rescate millonario a Air Europa.