- Pa�s Vasco El portavoz parlamentario de Bildu se reuni� con el testaferro de Cerd�n por una nueva la l�nea el�ctrica entre Arag�n y Euskadi
- Justicia El juez acepta analizar si los audios de Koldo fueron manipulados como dice Cerd�n
La UCO ha estado rastreando las visitas que Santos Cerd�n en prisi�n. As� se desprende de los escritos que constan en la causa del Tribunal Supremo, que reflejan que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encargada de la investigaci�n del caso Koldo, pidi� a Instituciones Penitenciarias mantenerle al tanto de qui�n se reun�a con el ex secretario de Organizaci�n del PSOE.
En un escrito del pasado 3 de julio, un capit�n de la UCO comunic� a Prisiones que, "por ser de inter�s para la investigaci�n", solicitaba "ser informada de las visitas que reciba el interno, a poder ser con antelaci�n a que se produzcan". A�ade que "en caso de que estas sean imprevistas, como las llevadas a cabo por miembros del colegio de abogados", lo que se reclama es que "se informe a la mayor brevedad posible".
Finalmente, el escrito precisa que "es de inter�s qui�n y cu�ndo se realizan o realizar�n dichas visitas, no as� el contenido de las mismas". El oficio terminaba rogando a Prisiones "la m�xima discreci�n" sobre las gestiones, "por el posible impacto que puedan tener en las investigaciones".
El escrito se envi� cuando Cerd�n llevaba tres d�as en la prisi�n de Soto del Real, a la que le envi� el juez instructor del Supremo, Leopoldo Puente, tras escucharle defender su inocencia y presentarse como v�ctima de una cacer�a pol�tica. Ese mismo d�a recibi� la visita de Jacobo Teijelo, un letrado que entonces a�n no formaba parte de su defensa. Lleg� acompa�ado a su abogado, Benet Salellas. La visita de otra persona de su despacho se repiti� al d�a siguiente. Finalmente, Teijelo ha unido sus servicios a los de Salellas.
El nombre de Teijelo surgi� en la investigaci�n al conocerse que hab�a gestionado un encuentro entre la fontanera del PSOE Leire D�az y el fugitivo de una trama de fraude en hidrocarburos que aseguraba tener informaci�n que pod�a desacreditar a la UCO. Esa era la clase de datos que buscaba la fontanera en un momento en que las investigaciones de la unidad de la Guardia Civil estaban poniendo en aprietos al Gobierno y al PSOE.
Tras recibir el escrito de la UCO, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, �ngel Luis Ortiz, comunic� al juez instructor del Supremo que "se est� cumplimentando dicha solicitud por parte de esta Secretar�a General, salvo que por ese Tribunal se ordene lo contrario". Adem�s de la visita de los tres letrados, tres familiares de Cerd�n tambi�n le han visitado en la prisi�n.
No ha ordenado nada el magistrado, ni a favor ni en contra. As� consta en una providencia en la que Puente deja constancia de ello: "Ciertamente, ninguna resoluci�n judicial se ha dictado en esta causa especial concerniente en concreto a la cuesti�n referida que pudiera aqu� ratificarse, modificarse o dejarse sin efecto, debiendo actuar frente a la solicitud recibida esa Secretar�a General en los t�rminos que considere normativamente conducentes".
Puesto que la solicitud de la UCO se ha notificado ya a las partes, incluida la defensa de Cerd�n, parte de la utilidad de la medida puede haberse perdido. Sin embargo, fuentes de la defensa estiman que la petici�n de datos de la UCO lo que busca es intimidar a su defensa y dificultar la estancia de Cerd�n en prisi�n. El objetivo �ltimo ser�a, seg�n las mismas fuentes, que el ex n�mero tres del PSOE acceda a colaborar con la Justicia y confesar lo que seg�n los investigadores conoce de las actividades de la trama.
Fuentes de la defensa se han mostrado sorprendidas y alarmadas por la actuaci�n de la UCO, si bien reconocen que se trata de un cruce de datos entre administraciones que no requiere de autorizaci�n judicial previa. Ah� entra la advertencia de la UCO a Prisiones de que no est� interesada en el contenido de las conversaciones que Cerd�n pueda mantener.
En la investigaci�n del caso G�rtel, el juez Baltasar Garz�n orden� que se escucharan las conversaciones de los detenidos, incluyendo las que manten�an con sus abogados -no investigados estos- sobre su estrategia de defensa. El juez acab� condenado por prevaricaci�n y expulsado de la judicatura.