El juez que investiga al fiscal general cita como testigo a la secretaria de organización del PSOE de Madrid

El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado ha citado a declarar como testigos a Pilar Sánchez Acera, exasesora de Moncloa y secretaria de organización del PSOE de Madrid, y a Francesc Vallès, exsecretario de Estado de Comunicación. El magistrado entiende que estas testificales, pedidas por Manos Limpias, pueden servir para “conocer el recorrido que pudo haber tenido el correo” del novio de Isabel Díaz Ayuso y rechaza llamar a declarar a Ion Antolín, Laura Sánchez y Dolores Delgado como habían pedido las acusaciones.

El magistrado avanza así en la línea de investigación que indaga en si la filtración de un correo de Alberto González Amador pasó por la Moncloa. Los mensajes consignados por Juan Lobato, exsecretario general de los socialistas madrileños, muestran que Sánchez Acera tuvo acceso al contenido íntegro del correo antes de que fuera publicado a las nueve de la mañana del 14 de marzo por parte de El Plural. El instructor mantenía paralizada esta línea de investigación después de la batería de testificales y diligencias relacionadas con el fiscal general y sus colaboradores.

Sánchez Acera era jefa de gabinete de Óscar López cuando éste ocupaba la dirección del gabinete de Pedro Sánchez en la Moncloa. De ahí pasó al Ministerio para la Transformación Digital hasta que recientemente ha sido nombrada como su 'número 2' en el PSOE madrileño: secretaria de organización de la nueva ejecutiva regional.

El juez quiere saber cómo llegó ese correo al teléfono de Sánchez Acera, que según ha certificado la Guardia Civil a partir de los mensajes entregados por Lobato tuvo acceso al correo del abogado de González Amador antes de que su contenido fuera publicado de forma íntegra en los medios. Esas conversaciones muestran cómo Lobato, que en esa mañana del 14 de marzo se enfrentaba a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, mostró sus reticencias a esgrimir el correo ante su rival antes de que fuera difundido públicamente por los periódicos. “Llega, la tienen los medios”, contestó Sánchez Acera cuando Lobato preguntó de dónde había salido el documento.

Lobato aportó mensajes que cruzó esa mañana con personas de su equipo en la Asamblea y varias de las personas mencionadas en ellos ostentaban entonces cargos de responsabilidad en la comunicación tanto del Gobierno como del PSOE: Francesc Vallès, entonces secretario de Estado de Comunicación, Ion Antolín, entonces director de comunicación del PSOE, y varias personas más. El juez entiende que es suficiente con la testifical de Vallès, que abandonó el cargo el pasado mes de diciembre. El resto, entiende, no pueden aportar más.

En uno de sus autos del pasado mes de enero el magistrado dejaba claro que, según su criterio, la Fiscalía y Moncloa habían actuado de manera coordinada para filtrar el correo con la confesión de González Amador. Atribuye “gestiones” a Presidencia del Gobierno en una “operación coordinada” para desvelar los detalles del caso de fraude fiscal de Alberto González Amador.

Los cambios de móvil del fiscal general

El juez también pone en marcha más diligencias para intentar averiguar todo lo posible sobre el cambio de teléfono de Álvaro García Ortiz después de la apertura de la causa y la eliminación de todos sus mensajes el mismo día en que puso en marcha las diligencias. Solicita a la Unidad de Informática de la Fiscalía que aporte todos los datos que tenga del móvil del que se deshizo el fiscal general el pasado mes de octubre y que le había sido entregado solo cinco meses antes.

También encarga a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que contacte con los organismos de Justicia y Hacienda que gestionan los teléfonos propocionados a la Fiscalía para saber todos los datos de los posibles formateos que el fiscal haya hecho desde marzo de 2024 y toda la información que tengan sobre los móviles que se le han ido proporcionando.

García Ortiz se ha dirigido por escrito tanto al juez Hurtado como al Consejo General del Poder Judicial para quejarse por la filtración de sus datos personales, como su número de teléfono o la dirección de su casa en Galicia, después de la llegada de los últimos informes de la UCO sobre sus llamadas, mensajes y conexiones a la red. El juez ha decidido remitir al Poder Judicial un escrito del abogado de González Amador en el que acusa al fiscal general de haber exagerado sus denuncias.