Anticorrupción abre un nuevo frente judicial a Vox mientras el partido suma deserciones

Vox se enfrenta a nuevas sospechas de financiación ilegal justo cuando la formación que preside Santiago Abascal afronta otra oleada de expulsiones, bajas y dimisiones, que han propiciado la creación por primera vez en su historia de una corriente crítica organizada que intenta plantar cara a la dirección de la extrema derecha. Solo unas horas después de que la concejala del Ayuntamiento de València Cecilia Herrero, se diera de baja del partido engrosando una larga lista de desertores en los últimos años, este lunes se conoció que la Fiscalía Anticorrupción investiga si Vox ha utilizado sus puestos callejeros para disfrazar algún tipo de financiación ilegal, principalmente durante las campañas electorales.

Las diligencias de investigación abiertas parten de una denuncia presentada por el PSOE en la que se aportan fotografías de las casetas del partido en la que aparecen “huchas” o “cajas de caudales”, con ingresos anónimos que están prohibidos por la ley de financiación de partidos.

Hace ya casi seis años, el 27 de mayo de 2019, elDiario.es publicó en exclusiva que el departamento de tesorería de Vox envió un correo electrónico a los responsables de contabilidad de las distintas agrupaciones del país con instrucciones precisas y la palabra “URGENTE” en el asunto, con la orden de “regularizar de manera urgente todo el dinero” obtenido “por merchandising”. “Los ingresos han de realizarse tal y como se recaudaron, cantidades inferiores a 299 euros, indicando la fecha de recaudación”, pedían, ya que con un ingreso de menos de 300 euros no es obligatorio presentar su trazabilidad. Con esta instrucción interna, el partido evitaba dar datos concretos de sus ingresos.

No es la primera vez que el partido se tiene que enfrentar a sospechas sobre financiación irregular. La formación de extrema derecha ya fue acusada de haber recibido fondos de la resistencia iraní para financiar su campaña de las elecciones europeas de 2014 en las que el cabeza de lista fue Alejo Vidal-Quadras. El propio candidato reconoció ese apoyo económico de los opositores iraníes y aseguró que Abascal lo sabía, “estaba encantado y le parecía bien”.

Abascal llegó a admitir públicamente solo haber recibido “donaciones que pueden ser de personas extranjeras”. Pero, según defendió, las cuentas de Vox son “absolutamente legales, son auditadas por una empresa privada y depositadas en el Tribunal de Cuentas” y, por lo tanto, en el partido estaban “absolutamente tranquilos con esa cuestión”. Pero en julio del año pasado el Pleno del Tribunal de Cuentas acordó imponer al partido de Abascal dos sanciones "por infracciones muy graves" en aplicación del artículo 17.2 de la ley sobre Financiación de los Partidos Políticos, por “haber recibido o aceptado donaciones finalistas en la fiscalización de las cuentas anuales de los ejercicios 2018-2019”. En total, Vox tuvo que pagar una multa de 233.324,22 euros por recaudar fondos prohibidos por ley para financiar la querella interpuesta contra el expresident de la Generalitat Quim Torra y para pagar la fianza de Borja, un joven condenado a dos años de cárcel por el homicidio de un atracador al que se enfrentó cuando este huía tras robar el bolso a una mujer en Fuengirola (Málaga).

A todo ello hay que añadir las sospechas en torno a los siete millones de euros traspasados a la fundación Disenso que preside Abascal, una operación desvelada también por elDiario.es. En plena polémica por este asunto se supo que Juan José Aizcorbe, gerente y cerebro económico del partido, había renunciado al cargo. Lo hizo un día después de que la dirección de Vox se viera obligada a enviar una carta a los militantes para tratar de tranquilizarles sobre el citado informe del Tribunal de Cuentas que alertaba también de “falta de control” en las entradas y salidas de dinero en Vox.

Además, el Tribunal de Cuentas sacó a la luz la existencia de facturas por importe de 516.670 euros solo en el ejercicio de 2019 al “proveedor que gestiona los servicios de comunicación” de Vox. Tras revisar las facturas giradas por esta empresa, el órgano fiscalizador afirmaba que las mismas “indican conceptos de carácter genérico” y recomendaba al partido que “sería conveniente que recogiesen un mayor detalle sobre las unidades facturadas, la naturaleza de los servicios prestados y las fechas de prestación de los mismos, habida cuenta del elevado importe facturado”.

En septiembre de ese mismo año Vox también se negó a aclarar qué entidad bancaria les concedió en 2023 más de nueve millones en créditos para sufragar, entre otros asuntos, sus campañas electorales, tal y como el propio partido admitió en las cuentas de ese año, publicadas en su web. Al ser preguntado por ello, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, sostuvo que el partido no tenía por qué dar esos datos a ningún periodista porque solo los da “a quien los tiene que saber, que es el Tribunal de Cuentas”. “Todo está fiscalizado, visado y aprobado”, remachó.

La dirección de Vox terminó reconociendo haber pedido un préstamo de algo más de nueve millones para financiar las campañas de las elecciones municipales y generales de 2023 al banco húngaro MBH, que tiene como mayor accionista al Gobierno de Viktor Orbán –presidente del grupo Patriots que han creado en Europa y en el que está ahora Vox–, dado que en España no conseguían financiación. “Podemos confirmar que Vox ha pedido préstamos a bancos extranjeros después de que numerosos bancos españoles, entidades que prestan dinero a Partido Popular y PSOE, hayan rechazado prestar dinero a Vox. Tenemos un listado de casi 25 entidades bancarias que prestan dinero a PP y PSOE y que lo deniegan a Vox”, afirmaron entonces desde la formación liderada por Santiago Abascal.

Estos hechos fueron incluidos también en la denuncia que los socialistas presentaron el pasado mes de diciembre ante la Fiscalía tras haber hecho un análisis “exhaustivo” de las finanzas de la formación de extrema derecha. En su escrito, el PSOE asevera que Vox habría tratado de ocultar en su contabilidad ese dinero que “infringiría nuevamente la normativa de financiación”.

Una “campaña” contra Vox

Ahora, la reacción de Vox ante la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de abrir una investigación de sus cuentas ha sido calcada a las anteriores. En su comparecencia habitual de los lunes, el portavoz nacional, José Antonio Fúster, ha achacado la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción a una campaña orquestada por el PSOE pero también por el PP. “Iniciamos la semana con una nueva oleada de persecución a Vox”, afirmaba nada más iniciar la rueda de prensa, para dirigir después sus dardos contra el “triángulo formado entre Génova, Ferraz y Sol”, sedes del PP, del PSOE y del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

“Las cuentas de Vox son claras y transparentes, está todo en la contabilidad, auditado y presentado ante el Tribunal de Cuentas. No tenemos empresas corruptas ni hemos robado un euro los españoles”, prosiguió el portavoz de Vox, que acusó al PSOE de estar “podridos de corrupción”. Fúster amenazaba después con “llevar a los tribunales” a todo aquel que sostenga que se han financiado ilegalmente, mientras aseguraba que ellos son “los únicos que denuncian un sistema para esquilmar a los españoles y financiar las actividades corruptas de otros partidos políticos”. “No vamos a desviarnos ni un solo milímetro de nuestro objetivo que es sacar a Sánchez de la Moncloa”, zanjaba, echando de nuevo balones fuera sobre lo que ya parece ser todo un clamor.