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La jueza imputa al abogado del magnate Matthias Kühn y exalto cargo de Matas por ayudarle a evadir 11 millones al fisco

Norma Duval y su pareja Matthias Kühn, en una imagen de archivo

Esther Ballesteros

Mallorca —
27 de febrero de 2025 17:44 h

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La jueza que en estos momentos tramita la causa por una presunta evasión fiscal de más de once millones de euros por parte del magnate inmobiliario Matthias Kühn ha imputado a Jorge Sainz de Baranda Brünbeck, abogado del empresario alemán que, según las pesquisas, habría sido uno de los eslabones determinantes a la hora de ayudar a Kühn en la ocultación de su patrimonio con el objetivo de eludir sus deudas con Hacienda. En concreto, el procedimiento judicial investiga la supuesta comisión de delitos de alzamiento de bienes, estafa procesal e insolvencia punible.

Cabe recordar que Sainz de Baranda fue director general de Tributos en la segunda legislatura de Jaume Matas (2003-2007). Posteriormente, en 2010, fue detenido e imputado por presuntos delitos de malversación, cohecho y prevaricación en el caso Bomsai, uno de los múltiples procedimientos por corrupción que afloraron tras aquel mandato. Aunque inicialmente el PP rehusó adoptar medidas contra él, finalmente le suspendió de militancia cuando el juez decretó para él prisión bajo fianza de 50.000 euros. La Fiscalía y los servicios jurídicos del Govern balear renunciaron años después a formular acusación en la causa y ésta fue finalmente archivada.

Mediante un reciente auto, la jueza ha acordado investigarle -aunque aún sin fecha de citación- por su papel en el diseño del complejo entramado de ocultación de bienes presuntamente urdido por el magnate, entre los que se encuentra la propiedad de la isla ibicenca de Tagomago. Kühn, ligado al sector turístico e inmobiliario de lujo de Mallorca y pareja de la vedette Norma Duval, se ampara en que las deudas que mantiene con la Agencia Tributaria proceden de empresas que entraron en concurso de acreedores entre 2016 y 2019, en las que el empresario cesó como administrador, y que en ningún momento habría llevado a cabo operación alguna para defraudar al fisco.  

La querella interpuesta en su momento por la Fiscalía Anticorrupción sostiene que, a lo largo de varios años, se estuvieron traspasando activos de una sociedad a otra con la intención de ocultarlos mientras estas se iban declarando en concurso. Los otros sospechosos de estar vinculados con la trama, y quienes también se encuentran bajo investigación, son asesores y testaferros que tenían algunas de estas sociedades a su nombre con el presumible objetivo de ocultar que, en realidad, estaban controladas por Kühn.

La jueza, de hecho, también ha imputado al administrador concursal de la sociedad Balearic Management Investments Consultants SLU, del grupo Kühn y que entró en concurso en 2016, tal como publicó recientemente Diario de Mallorca. Según las pesquisas, este administrador habría tenido conocimiento del entramado supuestamente urdido por Kühn con la cooperación necesaria de Sainz de Baranda, para hacerse con las participaciones que esta entidad ostentaba en la entidad Birdie Son Vida SL y así ocultar la indemnización de 96 millones de euros que ésta tenía pendiente de recibir del Govern balear a raíz de la recalificación como suelo rústico protegido de una de las propiedades de Kühn, conocida como La Muleta.

En julio de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) transfirió los 96 millones de euros públicos al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Palma, previamente abonados por el Ejecutivo autonómico. La Justicia, sin embargo, mantiene retenida la indemnización a la espera de que se resuelva la deuda de más de 11 millones de euros que mantiene con Hacienda.

Los investigadores focalizan así sus pesquisas en una maraña de empresas que presuntamente se habrían constituido con el fin de camuflar los beneficios procedentes de operaciones inmobiliarias y eludir sus obligaciones tributarias. Tras abrirse a principios de 2023 diligencias penales por estos hechos, los inspectores de Hacienda registraron en marzo de 2024 la vivienda del magnate en su presencia y, durante la diligencia, se incautaron de varios dispositivo y de varios correos electrónicos de utilidad para la investigación.

Según alegan fuentes de la defensa de Kühn, representado por el abogado Jaime Campaner, su grupo empresarial ya ofreció a la Agencia Tributaria garantizar la totalidad de su deuda a través de la finca Muleta, además de un derecho de prenda sobre tal indemnización a través de la sociedad Birdie Son Vida, S.L.U. “La AEAT nunca contestó a esta propuesta”, recriminan, aseverando que los ofrecimientos de Kühn chocan “con las graves imputaciones” que Hacienda vierte ahora sobre él.

Matthias Kühn también es conocido en el archipiélago balear por los negocios que llevó a cabo en su momento ligados a la inversión inmobiliaria y al turismo. Durante años, el grupo empresarial del magnate explotó económicamente el islote protegido -y privado- de Tagomago, de 600.000 metros cuadrados y ubicado en el noreste de Ibiza, cobrando entre 100.000 y 160.000 euros por alquilar durante una semana la lujosa villa construida en la isla.

No solo eso. El magnate fue condenado a una pena de seis meses de prisión como responsable de un delito contra la Ordenación del Territorio, según dictó el Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa el 9 de febrero de 2018, debido a unas obras ilegales que se realizaron en Tagomago. El empresario alemán fue sentenciado junto a Guido Hecker por haber realizado los trabajos sin autorización, es decir, sin los correspondientes permisos del Ajuntament de Santa Eulària des Riu y de la Conselleria de Medio Ambiente del Govern.

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