El PP propone ahora un impuesto a los coches de la Península y a los 'rent a car' para frenar la saturación turística en Balears

En medio de la controversia suscitada en los últimos días sobre si en Balears hay o no saturación, el Govern de la popular Marga Prohens ha puesto sobre la mesa un nuevo impuesto a los conductores de vehículos que estén inscritos fuera de las islas, tanto de otras Comunidades Autónomas como del extranjero. Se trata de una de las medidas que ha planteado el Ejecutivo con el objetivo de hacer frente a la masificación turística, a pesar de que la presidenta balear y el empresariado balear se empeñan en trasladar a los touroperadores internacionales que en el archipiélago puede haber una saturación “puntual” en “algún momento”, pero sin llegar a ser “generalizada durante todo el año”. 

A pesar de que el gabinete autonómico se comprometió a aprobar en febrero un decreto con medidas dirigidas a frenar el crecimiento en volumen, no ha sido hasta este viernes cuando el Consell de Govern ha presentado un paquete de propuestas que responden a los más de 100 objetivos estratégicos y de desarrollo establecidos en las Bases de la Agenda de Transición, surgido de los grupos de trabajo del Pacto por la Sostenibilidad económica, social y ambiental de Balears.

En concreto, el nuevo marco normativo contempla así la contención de plazas turísticas en Balears, con la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en viviendas plurifamiliares; medidas contra la oferta turística ilegal, con el incremento de sanciones hasta los 500.000 euros; la modificación del Impuesto Turístico Sostenible (ITS), que no se pagará en enero y febrero y contempla subidas de entre el 66 y el 200% según la categoría del establecimiento entre junio y agosto, así como el nuevo impuesto a vehículos vacacionales con una tarifa variable según emisiones y tiempo de circulación en las islas de 30 a 80 euros.

Respecto al nuevo tributo, el portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha subrayado que, de aprobarse finalmente, sería pionero en España y en el resto de Europa. El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha recalcado que, por el momento, se trata de una propuesta en fase incipiente. Para que salga adelante, ha incidido en que se requiere el consenso de agentes económicos y sociales y, una vez se envíe al Parlament balear, “evidentemente” entre los distintos grupos políticos. “Si no se alcanza ese consenso, no se llevará a cabo”, ha apostillado.

Tipos de vehículos a gravar

Costa ha explicado que el gravamen se aplicaría de acuerdo a tres categorías y en función de las emisiones de dióxido de carbono que generen. Por un lado, estarían los vehículos de uso privado no vinculados a actividades económicas -como el transporte de pasajeros- que circulen por el territorio de Balears de forma temporal o transitoria, es decir, durante un periodo inferior a seis meses, y que no consten inscritos en el Registro de vehículos no turísticos. El vicepresidente ha precisado que se trataría de gravar los vehículos no inscritos en las islas que no pagan el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica o de circulación en territorio balear y que deberán abonar con el nuevo impuesto entre 30 y 80 euros en función de sus emisiones.

En segundo lugar, se incluirían también los vehículos de carácter residencial no domiciliados en el archipiélago, es decir, aquellos que circulen durante más de seis meses en las islas. Se trata de coches que, al no estar inscritos en Balears, no pagan el impuesto de circulación en la comunidad autónoma pero sí emiten CO2 y, “evidentemente, generan fenómenos de congestión”, como ha añadido Costa.

Por último, el tributo abarcaría los vehículos de motor de alquiler sin conductor, es decir, los 'rent a car' que consten como tales en el registro de vehículos no turísticos y que circulen en Balears durante todo el año o temporalmente. En este sentido, el portavoz del Govern ha precisado que las empresas de alquiler que tengan todos sus vehículos domiciliados en Balears y paguen el impuesto de circulación en el archipiélago no tendrán que abonar este último gravamen.

Costa ha explicado que se trataría de un nuevo impuesto de carácter finalista, cuya recaudación iría destinada a fomentar el transporte público en Balears, descongestionar las carreteras e impulsar la movilidad sostenible.

Lucha contra la oferta ilegal y endurecimiento de las sanciones

Por otro lado, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha concretado otras de las medidas previstas por el Govern, como la prohibición de nuevas plazas de alojamiento turísticos en viviendas plurifamiliares y el aumento de las exigencias de calidad para la renovación de las ya existentes. Asimismo, el Ejecutivo establecerá de forma transitoria “las normas de juego” -en palabras del conseller- en relación a la reactivación del intercambio de plazas y el cambio de usos de establecimientos turísticos en vivienda, a la espera de que los Consells Insulars fijen su propio techo de plazas y su capacidad de carga. También creará una bolsa transitoria vacía que recogerá aquellas plazas que se den de baja para garantizar la contención de plazas.

El Govern también prevé intensificar la lucha contra la oferta ilegal con nuevas medidas, como la obligatoriedad de los portales comercializadores de exigir el número de registro del alojamiento a la hora de anunciarlo, y se responsabilizará de posibles infracciones tanto a los propietarios como a las plataformas. Las sanciones se verán incrementadas en un 25%, con multas de hasta 500.000 euros. Con todo, Bauzá ha precisado que los infractores podrán beneficiarse de una rebaja de hasta el 80% de la sanción siempre y cuando estas viviendas pasen a destinarse al alquiler social o a precio limitado. En ese caso, la beneficiaria de la renta será la Administración.

Finalmente, el Govern también ha anunciado la regulación de las nuevas zonas saturadas y de reconversión, que podrán ser declaradas por los Consells insulares previa presentación de un plan estratégico de actuación para dichas zonas, así como un régimen extraordinario de modernización de establecimientos turísticos en zonas de reconversión, para el impulso de proyectos de modernización de la oferta.