Los 65.000 funcionarios de Balears logran equipar su plus de insularidad con el de Canarias: “Es un acuerdo histórico”

Tras varios meses de negociaciones entre Govern balear y sindicatos para que los 65.000 funcionarios de las islas puedan cobrar el mismo plus de insularidad que el de Canarias y con independencia de su categoría laboral, ambas partes han alcanzado un acuerdo unánime para la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos que incluye, entre otras cuestiones, la recuperación de lo dejado de percibir por las congelaciones salariales de 2020 y 2021. Esta medida pemite solventar el agravio comparativo con los empleados públicos de otras CC.AA. en materia, entre otras, de acceso a la vivienda y a los bienes y servicios, en general más costosos en ambos archipiélagos que en la península.

El Ejecutivo balear ha tenido que salvar un escollo importante para alcanzar este pacto: el rechazo de los sindicatos corporativos Simebal (Sindicato Médico Balear), Satse (Sindicato de Enfermería) y ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza) que se oponían a que el plus fuese igualitario para todos los funcionarios, reivindicando que el incremento se produjese en función de cada categoría profesional. No en vano, las negociaciones se encontraban prácticamente dinamitadas en los últimos días como consecuencia de estas discrepancias y este viernes iba a celebrarse la primera concentración convocada por los sindicatos contra la ruptura del acuerdo y que finalmente ha sido desconvocada.

En concreto, el acuerdo contempla un incremento de los pluses hasta los 205,3 euros para Mallorca, 410,6 euros para Menorca y Eivissa y 615,9 euros para Formentera. El aumento se llevará a cabo durante los años 2026, 2027 y 2028 --no en cuatro años como se proponía inicialmente-- y será igual para todas las categorías.

En Mallorca, el incremento del plus hasta los 205 euros supondrá subidas del 92% para los funcionarios de categoría A1 y del 347% para aquellos con rango más bajo. En Menorca y Eivissa, la indemnización por insularidad hasta los 410 euros significará un aumento del 247% y del 550%, respectivamente. La mayor de las subidas, hasta los 615 euros en Formentera, supondrá que los trabajadores públicos que desempeñan su labor en la pequeña de las Pitiüses verán aumentada su indemnización aumentado entre un 421% y un 875%.

En materia laboral, el acuerdo determina la generalización de la jornada de 35 horas y la activación del grupo B de funcionarios a nivel autonómico, y que en incapacidad temporal se cobre la totalidad del salario desde el primer día. Además, en virtud del acuerdo, cuando se apruebe la jubilación parcial del personal funcionario en el Estado, se desarrollará también a nivel autonómico. Asimismo, ee creará el Observatorio del Empleo Público, que velará por la aplicación de éstas y otras mejoras como las relativas a la promoción interna, las vacaciones o la conciliación.

Otro de los puntos alcanzados y que también responden a una reivindicación histórica es que a partir de la firma de este pacto, durante un periodo de incapacidad temporal por enfermedad o enfermedad común, el complemento de la baja incluirá la parte proporcional de las guardias del personal sanitario. Se trata de un complemento equivalente a la diferencia entre la prestación que reciba de la Seguridad Social y el cien por cien de las retribuciones que se percibieran. El Govern también se ha comprometido a convocar anualmente procesos ordinarios para la obtención de nuevos niveles de la carrera profesional y a implementarla en el sector público instrumental.

En cuanto a la reacción de los sindicatos, desde STEI han calificado el acuerdo como “histórico”, al destacar, especialmente, que el complemento de insularidad sea el mismo para todas las categorías. “La razón de este complemento es dónde trabajas, no de qué trabajas”, señala el secretario general de STEI, Miquel Gelabert. Desde el sindicato UGT, el secretario general de Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero, también celebra el acuerdo unánime, “fruto de muchos meses de trabajo”, y que recoge muchas de las reclamaciones de su organización. Romero confía en que la mejora de las condiciones sirva para captar y retener personal, tal como recoge Europa Press.

Valoración similar han hecho desde CCOO. El coordinador del Área Pública, Pep Ginard, también ha calificado el acuerdo como histórico en la medida en que resuelve un agravio comparativo con los empleados públicos de otras CC.AA. en materia, por ejemplo, de acceso a la vivienda a los bienes y servicios, en general más costosos en el archipiélago que en la península. Ginard también ha hecho hincapié en la homogeneización de la insularidad, una retribución que se activa en función del lugar de España en el que se trabaja y no en función de formación o responsabilidades, que ya se retribuyen por otras vías.

El sindicato ANPE, por su parte, ha reivindicado que aunque no participa en la Mesa, la mejora de la indemnización por residencia “lleva su sello”. La organización, en todo caso, ha señalado que seguirá reclamando que la insularidad respete las categorías profesionales. Por parte de Simebal, su presidente, Miguel Lázaro, también ha celebrado la unanimidad y ha explicado que su organización ha pasado “del no al sí”, entre otras razones, por la calendarización en tres años de la actualización de la insularidad y por la posibilidad de los 4.000 médicos que trabajan en centros públicos puedan prorratearse las guardias cuando están de baja, algo que se reclamaba desde hace años.

El sindicato médico ha acabado aceptando la homogeneización del complemento de residencia, aunque sin renunciar a que en el futuro se equipare a Ceuta y Melilla. Lázaro ha felicitado al Govern de Marga Prohens por la actualización del complemento y ha alabado el papel del director general Antoni Mesquida en la negociación.