Las inspectoras de Trabajo ratifican ante la jueza que Glovo no contrató a sus falsos autónomos

Cinco inspectoras de Trabajo han ratificado ante la jueza que Glovo no contrató como empleados a repartidores que estaban reconocidos por los tribunales como falsos autónomos, según han informado fuentes jurídicas.

Ante el juzgado de instrucción 31 de Barcelona, que tiene abierta la primera causa penal de España por los falsos autónomos de Glovo y mantiene imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores al fundador de la compañia, Oscar Pierre, han comparecido este lunes cinco inspectoras de Trabajo de Badajoz, Cantabria, Salamanca y Oviedo.

Se trata de las funcionarias que indagaron si la compañía había regularizado a los repartidores a los que la Justicia había reconocido como falsos autónomos. Según fuentes jurídicas, las inspectoras han expresado que Glovo “no dio cumplimiento” a las sentencias judiciales.

Por el contrario, fuentes de la defensa de Pierre han mantenido que las inspectoras han explicado que enviaron distintos requerimientos de información a Glovo sobre los repartidores, pero que no se trataba de órdenes concretas para que fueran contratados como empleados.

La defensa de Pierre aduce que Glovo jamás ha desatendido a requerimientos y resoluciones judiciales referidas a su modelo de relación con los repartidores, y que ha ido modificando su operativa de autónomos para cumplirlos. En suma, que no se ha cometido delito alguno. En los últimos meses, además, su nuevo modelo de autónomos ha recibido el espaldarazo de varias sentencias de la Audiencia Nacional, en paralelo a la apertura de la causa penal en Barcelona contra su fundador.

En las comparecencias de las inspectoras de este lunes, han explicado fuentes jurídicas, las funcionarias también han relatado que las respuestas a los requerimientos por parte de Glovo eran incompletas o bien señalaban directamente que los repartidores ya no trabajaban en la empresa.

Es más, las inspectoras han considerado que la empresa “emmascaró” en varias de sus respuestas a los requirimientos que los repartidores seguían operando como falsos autónomos, según las mismas fuentes.

En su declaración como investigado del pasado mes de diciembre, Pierre, alegó ante la jueza que la regularización de las condiciones laborales de miles de 'riders' anunciada por la empresa el pasado mes de diciembre busca la paz social y evitar nuevas “discusiones” con la Inspección de Trabajo, aunque la desligó de su causa penal.

La clave para que la jueza decida si envía o no el caso a juicio será la existencia de suficientes indicios que constaten que Glovo mantuvo su modelo laboral de falsos autónomos después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal en 2020. Así lo cree la Fiscalía, que acusa al directivo de “suprimir” los derechos de los repartidores.

En cambio, la defensa de Pierre sostiene que sí cambió su modelo de relaciones laborales con los riders, adecuándolo a las condiciones fijadas por el Supremo para mantener como autónomos a los repartidores.

Además de esta causa penal contra su fundador, la compañía tiene un horizonte de litigios derivados de su operativa laboral: la empresa Just Eat, que sí tiene a los repartidores contratados como empleados reclama a Glovo 295 millones de euros por competencia desleal, mientras que el importe en cotizaciones impagadas y multas de la Inspección de Trabajo asciende a 200 millones.