El FBI está investigando una serie de supuestos incidentes en todo EE UU en los que "se dañaron estaciones de carga y concesionarios de Tesla". La semana pasada, la fiscal general Pam Bondi destacó los cargos contra tres personas acusadas de lanzar cocteles molotov contra vehículos eléctricos de la marca. En al menos uno de estos incidentes, se escribieron "mensajes profanos contra el presidente Trump" cerca de las estaciones de carga, entre otros delitos.
"Que esto sea una advertencia: si te unes a esta ola de terrorismo doméstico contra las propiedades de Tesla, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) te pondrá tras las rejas", puntualizó Bondi en un comunicado de prensa en el que detallaba las detenciones realizadas en las últimas semanas en Oregón, Colorado y Carolina del Sur.
Se avecina una ola de vigilancia desmedida
Los expertos en libertades civiles afirman que tratar los supuestos ataques contra los vehículos y la infraestructura de Tesla como actividad terrorista podría otorgar a las fuerzas del orden federales y locales una amplia autoridad para vigilar a las personas que protestan contra el papel de Elon Musk en el gobierno. La designación de ‘terrorismo’ también podría permitir a Musk y a otros ejecutivos de Tesla acceder a la información que las autoridades descubran en sus investigaciones.
El anuncio de Bondi se produjo antes de que se celebraran cientos de protestas contra Musk y su influencia en Washington, DC. Desde mediados de febrero, estas manifestaciones se han multiplicado, atrayendo a cientos de personas en cada una. La mayoría han sido pacíficas, y los organizadores de algunas han declarado no estar a favor de los daños a la propiedad privada. No obstante, se producen en medio de una serie de supuestos incendios provocados y actos de vandalismo contra concesionarios y estaciones de carga de Tesla, incluidos los ocurridos en Las Vegas y Boston.
Al calificar estos y otros incidentes relacionados con Tesla como "terrorismo doméstico", el FBI podría presentar órdenes de registro más amplias que en otro tipo de casos. Según un informe de 2023 de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés), la Ley USA PATRIOT, promulgada tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, otorga a las fuerzas de seguridad "facultades especiales" para investigar casos de terrorismo, entre las que se incluyen las "órdenes de registro de jurisdicción única" emitidas por jueces de primera instancia y aplicables en cualquier lugar de Estados Unidos. Con una orden judicial, las fuerzas de seguridad pueden obtener "expedientes educativos confidenciales" de cualquier centro u organismo en el curso de una investigación sobre terrorismo.
El FBI cuenta también con una red nacional de Grupos de Trabajo Conjuntos contra el Terrorismo, que le permite tomar prestados agentes, expertos, datos e información de más de 30 organismos federales encargados de hacer cumplir la ley y de inteligencia, entre ellos el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el ejército de los Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), así como la policía local de una región determinada.
Además de estos recursos, el FBI tiene acceso a tecnología de vigilancia a la que no pueden acceder las autoridades locales, como herramientas de vigilancia de redes sociales, programas de reconocimiento facial y, supuestamente, stingrays (simuladores de torres de celulares) que pueden interceptar datos de smartphones.
La mayoría de las competencias y recursos a los que tienen acceso las fuerzas del orden en una investigación sobre terrorismo también están disponibles en otros expedientes penales. Sin embargo, algunos abogados argumentan que las fuerzas de seguridad emplean un alcance más amplio en casos muy específicos.
Acceso privilegiado
Aunque no existen directrices ni leyes explícitas que obliguen al FBI a mantener informadas a las empresas cuando son víctimas de incidentes de "terrorismo nacional", el exagente especial y actual miembro del Centro Brennan para la Justicia, Michael German, afirma que el buró suele hacerlo de todos modos: "El FBI toma la decisión de tratar a la empresa como víctima de un delito, por lo que los intercambios de información son habituales". Eso podría permitir a Musk y a otros ejecutivos de Tesla acceder a datos de vigilancia o informes sobre manifestantes que no están disponibles para el público. Tesla y el DOJ no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre si tienen previsto compartir información sobre la investigación en curso.
Existen precedentes de empresas que no solo reciben información de las fuerzas del orden durante las investigaciones sobre terrorismo nacional, sino que también colaboran directamente con el FBI. German expone el caso de las protestas contra los oleoductos a principios de la década de 2010.
Los registros publicados por el sitio de noticias Grist y Type Investigations descubrieron que el FBI consideraba a un operador de oleoductos una "parte interesada de dominio" en un caso de protesta, lo que le dio a la empresa "acceso directo a la Casa Blanca" y a información privilegiada. También se invitó a la empresa a elaborar estrategias con el FBI, el DHS, la Guardia Nacional y la policía local. Además, hubo conversaciones sobre cómo "garantizar la coordinación y la gestión de los recursos" no solo entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sino también con la empresa.
En un informe, el medio The Intercept refiere que otro constructor de oleoductos contrató a una empresa para vigilar e infiltrarse en los grupos de protesta y redactar informes de inteligencia, que a veces se compartían con las fuerzas de seguridad federales y la policía local. Grist también informó que estos operadores de oleoductos informaron a la policía local sobre la posibilidad de presentar cargos penales contra los organizadores.
Incluso después de las protestas, las empresas petroleras seguían manteniendo una estrecha relación con la policía y el gobierno. Una empresa canadiense de oleoductos pagó a los departamentos de policía locales de Minnesota más de 5 millones de dólares en 2020 y 2021 por vigilar las protestas contra el oleoducto. Desde 2017, los grupos de presión de los combustibles fósiles han presionado a más de 20 estados para que aprueben leyes que tipifiquen como delito la interrupción de "infraestructuras críticas", como los oleoductos y gasoductos, según los registros obtenidos por The Guardian.
Aunque no está claro cómo se desarrollarán las actuales investigaciones sobre terrorismo doméstico del FBI, Musk y otros ejecutivos de Tesla podrían tener un acceso similar e influencia sobre las averiguaciones. Cuando los casos lleguen a los tribunales, Tesla también podría optar por una indemnización del gobierno en forma de restitución. Estos fondos suelen utilizarse para pagar a las familias de las víctimas del terrorismo, pero German explica a WIRED que las empresas también pueden optar a ellos. Estipula que, en un caso penal exitoso, no ve ninguna razón por la que Tesla no sería compensada. La compañía de Musk también podría optar por dinero de los programas estatales de compensación a víctimas del terrorismo, que reciben algunos fondos del gobierno federal.
¿A qué riesgos se enfrentan los manifestantes?
Las investigaciones sobre terrorismo doméstico suelen ser delicadas. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) argumentan que el FBI las utiliza comúnmente para vigilar a activistas y comunidades de color sin la supervisión adecuada.
El presidente Trump ha mencionado que su administración se está tomando muy en serio los incidentes relacionados con Tesla: "Las personas que sean sorprendidas irán a la cárcel por hasta veinte años, y eso incluye a los financiadores. ¡¡¡¡LOS ESTAMOS BUSCANDO!!!!", escribió Trump en una publicación en las redes sociales la semana pasada.
Hina Shamsi, directora del proyecto de seguridad nacional de la ACLU, manifiesta que, en lugar de "centrarse en la conducta criminal más grave", las agencias federales han desperdiciado recursos y abusado de su autoridad al "tratar la supuesta desobediencia civil no violenta o el vandalismo como justificación para investigaciones arbitrarias de los derechos civiles y otros activistas".
German reitera que, históricamente, el FBI ha respaldado la llamada "teoría de la radicalización", que postula que las creencias de los extremistas escalan de forma natural a partir de concepciones moderadas y ampliamente extendidas. Según German, esa lógica justifica que el FBI extienda una amplia red de vigilancia, especialmente cuando se trata de activistas: "Sugieren que cualquiera que tenga una ideología similar podría estar dispuesto a cometer el mismo tipo de delito. Hemos visto muchos abusos de las autoridades de investigación del FBI, sobre todo en torno a grupos de defensa nacional".
Hace cinco años, el FBI utilizó la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés) para vigilar a personas que participaban en protestas de Black Lives Matter, investigando si tenían vínculos con terroristas. El inspector general del DOJ calificó el incidente de "un ejemplo del incumplimiento generalizado" de las normas de la FISA por parte del FBI. German concluye que, en este caso, en lugar de centrarse en personas que supuestamente han cometido incendios provocados o actos de violencia, el FBI podría vigilar a personas que cree que expresan ira o aversión hacia Tesla o Elon Musk.
Artículo originalmente publicado en WIRED. Adaptado por Alondra Flores.
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