La jueza insiste en su pregunta a la Generalitat sobre quién envió los SMS de alerta del día de dana

Por segunda vez. La jueza que coordina las distintas líneas de investigación de la dana que el pasado 29 de octubre dejó 227 muertos ha vuelto a preguntar a la Generalitat Valenciana que pilota Carlos Mazón, del PP, quién decidió enviar el mensaje masivo de alerta que llegó a los móviles a las 20.11 horas de la aciaga jornada, cuando ya se habían desbordado el barranco del Poyo y el río Magro, según un auto notificado este jueves.

La titular del Juzgado Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja (Valencia) insiste en su solicitud después de que hace seis días requiriera sin éxito a la Consellería de Emergencias e Interior del Ejecutivo autonómico la identidad del responsable que emitió los SMS a través de es-alert, un sistema del que la exconsejera Salomé Pradas admitió que no sabía ni que existía. En el primer requerimiento, la Generalitat envió al juzgado decenas de documentos, que no incluían los datos demandados. La magistrada da ahora al Consell un plazo de cinco días para identificar “al funcionario o técnico” que ejecutó la orden de emitir los mensajes.

La resolución recuerda que muchos fallecidos de la tercera edad se encontraban en plantas bajas, paseando por la calle o sacando sus vehículos de los garajes cuando llegó a sus móviles el mensaje de alerta. Y pide también información sobre si se notificó de la tragedia a la población a través de otros medios, como “conferencias de prensa, declaraciones públicas o comunicados oficiales”.

En la batería de peticiones a organismos oficiales, la jueza también ha requerido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, datos sobre el caudal del barranco del Poyo ―epicentro del desbordamiento que originó la riada― entre las 16.13 y las 18.42 horas del día de la catástrofe. La magistrada solicita “material videográfico” sobre la crecida.

El auto confirma la inclusión en las pesquisas de la declaración de un perito de la Universitat de València para que analice un estudio cartográfico sobre las cotas a las que llegó el agua tras el desbordamiento del barranco del Poyo en los municipios de la comarca valenciana de Horta Sud. La resolución ha sido notificado a las siete acusaciones particulares.

La primera organización de afectados por la dana en constituirse, la Asociación de Damnificados Horta Sud (380 miembros), presentó la pasada semana la primera querella de víctimas suscrita por un centenar de familias contra cinco altos cargos de Mazón y la máxima autoridad de la CHJ, Miguel Polo. SOS Desaparecidos última otra querella que aglutinará 140 afectados ―la mayoría parientes de fallecidos― contra los responsables políticos, según fuentes próximas a esta entidad.

El juzgado de Catarroja que instruye todas estas causas cuenta con la ayuda de cinco fiscales para desgranar las derivadas de la mayor tragedia que ha asolado a la Comunidad Valenciana tras dejar 227 muertos y 17.000 millones en pérdidas, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).