El Gobierno y Junts buscan fórmulas para que los ‘mossos’ participen en el control de fronteras

La situación entre el Gobierno y Junts ha sufrido un cambio muy relevante esta semana, después del acuerdo para el decreto de las pensiones que desbloquea su relación. Todo se paralizó en diciembre, después de un pacto muy importante para el paquete fiscal, cuando Carles Puigdemont planteó una proposición no de ley para instar al presidente, Pedro Sánchez, a presentar una cuestión de confianza. Sánchez dijo que por ahí no pasaba y los dos líderes mantuvieron el pulso más de un mes hasta que el pasado fin de semana, con mediación de José Luis Rodríguez Zapatero incluida, se encontró una salida intermedia: se tramitará la iniciativa, pero con una redacción en la que Junts pide al presidente que “considere la oportunidad” de presentar la cuestión de confianza, una fórmula más suave y que deja toda la decisión en sus manos, como marca la Constitución, además de dejar claro que se trata de una iniciativa de “carácter político”, “sin vinculación jurídica”.

Después de este pacto, el Gobierno y Junts se concentran ahora en cerrar la “delegación integral” de las competencias sobre inmigración que pactaron hace un año, para aprobar otro decreto ómnibus en el arranque de 2024. Según fuentes de los dos grupos, el acuerdo está muy cerca, pero falta la letra pequeña de tres asuntos decisivos que giran alrededor de lo mismo. Se trata de la participación de los Mossos d’Esquadra en tres cuestiones muy delicadas: el control de fronteras terrestres, aéreas y marítimas, la tramitación del NIE (número de identificación de extranjeros) o la entrega de documentos, como la tarjeta de identidad de extranjero, así como los procesos de expulsión, según insisten fuentes de Junts. En el Gobierno no quieren dar detalles para no complicar la negociación, aunque sí admiten que se ha avanzado mucho y falta la letra pequeña de todas las cuestiones abiertas, incluidas estas.

Son tres asuntos muy sensibles, sobre los que el Gobierno ha asegurado en varias ocasiones que tienen que mantenerse como competencia estatal porque así lo fija la Constitución y los compromisos europeos. Junts, por su parte, insiste en que a través del 150.2, el artículo de la Constitución en el que se han basado buena parte de las transferencias de los últimos años, se puede llegar lo lejos que políticamente se quiera. Interior, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, se resiste especialmente a entregar un asunto decisivo para la seguridad nacional, tal como lo ven ellos. Pero la negociación ha avanzado mucho, según diversas fuentes, y se está buscando una manera de que el Estado y la Generalitat compartan de alguna manera esas competencias.

Solo cuando se resuelva este asunto, explican distintas fuentes, se podrá pensar en abrir la carpeta de los Presupuestos, en la que Junts exige algunas premisas difíciles, como resolver antes la ejecución de los años anteriores o pactar un nuevo reparto de la senda de déficit más favorable a las autonomías. El Gobierno también busca avances en otras cuestiones complejas, como la oficialidad del catalán en la UE, algo en lo que está trabajando el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. De momento no hay fecha para otra cuestión sensible, esto es, la reunión entre Sánchez y Puigdemont. El presidente ha dicho en varias ocasiones que está dispuesto a dar ese paso, aunque la lógica política señala que no se hará hasta que no esté la negociación más avanzada y con los Presupuestos en el punto de mira.

La discusión de fondo es qué papel tienen los mossos en esas competencias que ahora ejerce de manera exclusiva el Estado. El Gobierno ha ofrecido la posibilidad de que los mossos estén en todas esas zonas sensibles, pero bajo el mando de las autoridades estatales. Pero Junts exige ir más allá y por eso los negociadores están buscando una fórmula intermedia que políticamente les sirva a los dos, como se ha hecho hasta ahora en todas las complejas negociaciones entre estos dos grupos, en las que siempre ceden ambos aunque después en la manera de venderlo públicamente pueda parecer que nadie lo ha hecho.

El Gobierno insiste en cualquier caso en que la fórmula que se alcance será plenamente constitucional y respetuosa con los compromisos europeos de España, un país miembro del espacio Schengen y cuyas fronteras no son solo españolas, sino también europeas. En cualquier caso, como se ha hecho con otras competencias, no sería una cesión, sino una delegación, la fórmula constitucional que se ha usado en otras ocasiones, en las que formalmente el Estado no pierde la competencia. En este caso se apunta hacia una especie de delegación compartida, es decir, una participación de la Generalitat en colaboración con la Administración central. Pero en la letra pequeña está la clave, y aún no parece cerrada.

Como es habitual, el secretismo domina las conversaciones sobre este asunto tan delicado, y, por tanto, no se podrá conocer con claridad qué se ha pactado hasta que no se haga público el documento. Incluso después, siempre habrá discusión con las interpretaciones, como sucedió con el acuerdo de financiación que se alcanzó con ERC en verano y que abrió la puerta a la investidura de Salvador Illa, pero que aún no se ha concretado definitivamente y llevará tiempo para que se vean sus efectos prácticos. Son asuntos de máxima sensibilidad política, y, por tanto, se medirán con lupa las palabras del acuerdo político y sus consecuencias jurídicas reales.

Se da la circunstancia atípica de que Junts está reclamando esta competencia para la Generalitat en un asunto en el que tiene una posición muy dura contra los inmigrantes irregulares, una cuestión en la que compite electoralmente con Aliança Catalana, un grupo independentista ultra con mensajes extremos e islamófobos contra los inmigrantes, pero en realidad quien gestionaría esta competencia ahora es el socialista Salvador Illa, que es quien gobierna la Generalitat en este momento, sin participación alguna de Junts. Por tanto, serían los socialistas los que dirigirían esta política tan sensible en Cataluña y en la que el grupo de Carles Puigdemont ha puesto mucho énfasis con discursos duros que en esta comunidad ―y en otras― son cada vez más frecuentes.