La Policía Nacional ha asestado un duro golpe a la piratería audiovisual en España al desmantelar una red criminal que distribuía contenido ilegal a través de IPTV y cardsharing. Una acción que se desarrolla en plena guerra de los bloqueos de LaLiga a las emisiones ilegales.La operación, llevada a cabo en Málaga y Jaén, ha resultado en la detención de nueve personas y la incautación de equipos utilizados para la distribución fraudulenta de señales de televisión de pago. Los implicados habrían obtenido más de cinco millones de euros gracias a este sistema ilegal, ocultando sus ingresos mediante un entramado empresarial que facilitaba el blanqueo de capitales, tal y como ha confirmado la policía en un comunicado.Cómo operaba la red de IPTV ilegal en España El grupo criminal ofrecía acceso a canales de pago sin autorización mediante el uso de servidores de cardsharing y plataformas IPTV ilegales. Su modelo de negocio consistía en vender decodificadores modificados que permitían a los usuarios acceder a contenido restringido sin pagar la suscripción correspondiente. Además, gestionaban plataformas online donde los clientes podían adquirir estos servicios fraudulentos con facilidad. Las suscripciones ilegales eran promocionadas a través de páginas web y redes sociales, alcanzando una gran base de clientes en toda España. Para evitar ser detectados, los responsables de la red utilizaban servidores ocultos y software especializado que enmascaraba su actividad, dificultando el rastreo por parte de las autoridades.Los beneficios obtenidos a través de esta actividad ilegal no solo eran elevados, sino que también estaban cuidadosamente ocultos a través de empresas pantalla. La red había creado varias sociedades ficticias que realizaban constantes transacciones bancarias para dar apariencia de legalidad a los ingresos generados por la piratería. El dinero procedente de estas actividades se utilizaba para la compra de propiedades de lujo, locales comerciales y otros bienes con un valor superior a los 3,25 millones de euros. Durante la operación, los agentes analizaron más de 60 cuentas bancarias vinculadas a la red, lo que permitió identificar los mecanismos de lavado de dinero empleados.El caso comenzó en diciembre de 2023, cuando la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) presentó una denuncia ante la Policía Nacional. La alerta inicial surgió por la detección de una página web sospechosa que ofrecía acceso ilegal a contenidos audiovisuales.Las investigaciones revelaron que la organización estaba liderada por un grupo de empresarios con antecedentes en el sector audiovisual, que ya habían operado previamente en actividades fraudulentas. Con esta información, las fuerzas de seguridad coordinaron una serie de registros en seis inmuebles de Málaga y Jaén, logrando la detención de nueve personas y la incautación de material informático y dispositivos empleados en la distribución ilegal de contenidos.Consecuencias legales y medidas contra la pirateríaLos detenidos enfrentan cargos por delitos contra la propiedad intelectual, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal, con penas que podrían superar los cinco años de prisión. Además, se está llevando a cabo una investigación adicional para identificar a posibles colaboradores y clientes de la red.La lucha contra la piratería en España se ha intensificado en los últimos años, con un enfoque en el bloqueo de plataformas ilegales y la persecución de quienes operan estas redes. Se han implementado sanciones económicas, cierres de páginas web y operativos dirigidos a desmantelar este tipo de estructuras criminales.Este golpe representa un avance significativo en la protección de los derechos de autor y refuerza el mensaje de que las autoridades continúan combatiendo activamente el acceso ilegal a contenidos audiovisuales de pago.
