¿Hace aguas o da frutos? A examen la vía especial de concursos de microempresas
Dos años después, los expertos todavía detectan fallos en la plataforma y dudan sobre cómo tramitar el papeleo, pero reconocen una tímida mejora
Funciona bien, pero podría ir mejor, dicen algunos; es un polvorín, apuntan otros. Las vibraciones en ambos casos son las mismas: el procedimiento especial para microempresas en bancarrota no termina de carburar. El atajo legal que el Ministerio de Justicia puso en marcha hace dos años para solicitar el concurso de estos negocios –en España nueve de cada diez mercantiles son micropymes– se planteó como un ejemplo de eficiencia en la nueva era de la justicia digital. La realidad es que la plataforma, que reúne una treintena de formularios digitales, adolece de agujeros y está siendo un nido de problemas y dudas.
La reforma rema en la buena dirección, coinciden los expertos, pero el software no está a la altura. Un grupo de juristas consultados por CincoDías, preguntados para examinar esta vía especial para judicializar negocios en quiebra, opinan en este sentido.
La primera de las quejas es que los formularios, la piedra de toque del sistema –la idea es que el concurso se tramite rellenando una plantilla estandarizada y subiendo la documentación a una aplicación, para ahorrar papeleo– están desactualizados. Sencillamente, simplificar las estrías y entresijos de cada quiebra a un desplegable con botones es algo que, en general, incomoda a los abogados.
“La plataforma tiene mucho margen de mejora. Los principales errores se dan a la hora de exportar el listado de bienes y derechos y el listado de acreedores a la plataforma, ya que no siempre detecta todas las columnas. En caso de error, hay que subir los datos manualmente, por lo que se duplica el trabajo”, expone como ejemplo Francisco Navalón, letrado de Aktion Legal.
Navalón reconoce que, en los últimos meses, el ministerio se ha puesto las pilas y ha corregido varios flecos. Pero, en su opinión, persisten “errores que dificultan que la plataforma sea plenamente operativa y fiable”, apostilla.
“La plataforma empieza a funcionar mejor desde el último mantenimiento realizado”, coincide Ana de la Morena, socia de DLMA Abogados. Pero hasta ahora “ha sido muy frustrante para todos los abogados luchar a diario con las limitaciones técnicas de la plataforma”, agrega la experta. Su queja es que los formularios no reflejan todos los resquicios procesales que brinda la Ley Concursal. Por ejemplo, “no se prevé la posibilidad de allanamiento o conformidad con los créditos solicitados por los acreedores, sino tan solo para realizar alegaciones”.
Es mejor que lo anterior, pero está a medio gas. Alejandro Sanchis, socio de AMG Legal y especialista en empresas en apuros económicos, así lo apunta. “En términos generales, el balance [del procedimiento especial de microempresas] es positivo, pero no es el esperado”, admite el letrado. El proceso fue pensado para ser un revulsivo en términos de eficiencia y agilidad, pero ha quedado en aguas de borrajas: “Esto no ha ocurrido”, zanja.
Partido de tenis
A las deficiencias tecnológicas se le suma un problema, esta vez más bien logístico: los jueces no se ponen de acuerdo sobre cómo tramitar los concursos sin masa. Estos son los concursos de negocios sin activos a liquidar, o con activos insuficientes para pagar a todos los deudores. La duda reside en que los concursos sin masa cuentan con otro cauce legal especial, es decir, no van por el sistema de formularios.
En esta bifurcación surge la duda: ¿qué camino escoger con las microempresas sumergidas en un concurso sin masa? Ni los jueces ni los abogados se aclaran. Y en el vaivén de comunicaciones con la Administración, similar a un partido de tenis, reina el temor a que los expedientes acaben extraviados. “Hay provincias como Valencia en las que un juzgado de lo mercantil aplica un criterio y otro juzgado, otro”, asegura Sanchis.
En este punto la casuística es variada: algunos juzgados obligan a utilizar la plataforma y luego instan a interponer una demanda por fuera del sistema. Otros exigen presentar los documentos por la plataforma y también ante el juzgado, por si acaso, lo que supone doblar el trabajo.
Esperanzas
A pesar de estos temores, se atisba un consenso en reconocer que, bien resuelto, el sistema puede ser útil y alcanzar su objetivo, que es tramitar los concursos de microempresas en pocos meses y sin gran papeleo.
En esta misión el proceso está bien encaminado, coinciden las fuentes. Los expertos consultados sí atisban una reducción de la burocracia y de los plazos. Si bien, muchos señalan que todo depende de la región donde te toque tramitar el concurso, incluso del juez que se te asigne por turno. Pero, más que desajustes o problemas insalvables, las trabas son percibidas como consecuencia de una herramienta que necesita mejorar. Falta rodaje, pero el sistema despegará.
Un soporte tecnológico insuficiente
Administración. Hay profesionales que creen que el sendero que ha tomado Justicia es el correcto y que el tiempo perfilará una pasarela que aún es neonata. “Ya se han realizado bastantes mejoras y aún existen varias en producción que se van a ir incorporando en los próximos meses”, adelanta José Vela, uno de los letrados de la Administración de Justicia que participó en la redacción de los formularios. En opinión de Vela, un avance interesante pasaría por tener la posibilidad de corregir los formularios iniciadores. “En la actualidad, si no están completos debe presentarse otro formulario completo”, con la carga de trabajo que comporta, pone como ejemplo.
Medios. “La idea es muy buena”, cree Ignacio Tirado, profesor de Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero, a renglón seguido, el docente lamenta que “requiere una inversión en tecnología que no se ha producido”. “Ese es el verdadero talón de Aquiles, sin el sistema informático adecuado no se debería haber empezado a aplicar”. Y agrega: “No nos engañemos, generar la tecnología para poder implementar el procedimiento de microempresas no era ninguna cosa ni difícil ni costosa”. Algo que sí tienen otros países, como Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda.
Tiempo. Hay quien defiende que es una cuestión del tiempo. “Creo que es pronto para hacer un balance justo”, señala Aner Uriarte, juez decano de Bilbao. Si bien, añade, “el hecho de que el marco tecnológico no funcione de manera óptima resta mucha eficacia a todo lo previsto”. La maraña de sistemas de gestión judicial que existe en España, donde cada región tiene su propia herramienta, hace florecer problemas de compatibilidad. En opinión de Uriarte, “si la aplicación funcionara como debe funcionar, con todas sus potencialidades en óptimo estado, principalmente la plataforma de liquidación, puede convertirse en un marco eficiente”.