Desconexión digital y seguridad jurídica: una reivindicación justa
Nos encontramos ante una situación crítica que atenta contra nuestro derecho a la conciliación laboral y el bienestar profesional
En los últimos años, el ritmo frenético de las reformas laborales y normativas en España ha supuesto una carga de trabajo insostenible para los graduados y graduadas sociales. Como profesionales esenciales en la garantía del cumplimiento normativo de personas trabajadoras y empresarios, nos encontramos ante una situación crítica que atenta contra nuestro derecho a la desconexión digital, la conciliación laboral y el bienestar profesional. Esta situación no solo afecta a nuestra labor diaria, sino que pone en peligro la calidad del servicio que ofrecemos a la ciudadanía y a las empresas.
Desde la pandemia, hemos sido testigos de un incremento exponencial en la regulación del ámbito laboral y de la Seguridad Social. El problema radica no solo en la cantidad de normas publicadas, sino en los plazos excesivamente reducidos para su aplicación. La administración ha convertido a los graduados sociales en una administración paralela, imponiendo cargas que desbordan nuestra capacidad operativa y nos someten a una presión insostenible.
Es fundamental comprender que nuestro papel no es meramente burocrático, sino que desempeñamos una función esencial en la interpretación y aplicación del derecho laboral. Sin embargo, la proliferación de normativas con plazos improrrogables y sin garantías de seguridad jurídica nos obliga a una atención continua e ininterrumpida, lo que repercute negativamente en nuestra salud y calidad de vida. No podemos seguir permitiendo que la administración ignore nuestro derecho a la desconexión digital, enviando notificaciones fuera del horario laboral y en días festivos.
Exigimos una regulación que respete nuestros derechos y garantice un equilibrio adecuado entre nuestras responsabilidades profesionales y nuestro bienestar personal. No es admisible que, una profesión clave en la garantía del cumplimiento normativo, sea sometida a un régimen de urgencia constante, sin tiempo para la reflexión jurídica necesaria.
Otro de los problemas que nos encontramos es la falta de cauces de comunicación eficaces con la Seguridad Social y otras administraciones. Antes de la pandemia, la interlocución directa con estos organismos permitía agilizar y clarificar procedimientos. Hoy, en cambio, nos enfrentamos a una burocracia digitalizada que, lejos de facilitar nuestra labor, nos impone barreras innecesarias que ralentizan los trámites y generan ineficiencias.
Asimismo, solicitamos que la administración cumpla con la Ley 39/2015 y cree mecanismos internos para recabar la información que precisa, dentro de sus propias estructuras. Actualmente, se nos impone la obligación de suministrar datos que ya obran en poder de la Administración, lo que multiplica nuestro trabajo y reduce la eficiencia del sistema en su conjunto.
Es imperativo que la administración tome ejemplo del Ministerio de Justicia, donde la participación de los profesionales se rige por un modelo de cogobernanza. Esta estrategia permite a los expertos intervenir en la elaboración de nuevas disposiciones legales y en el diseño de herramientas que mejoren el servicio público. Un modelo similar en el ámbito laboral garantizaría que las normativas sean aplicables, eficaces y respetuosas con los derechos de los profesionales que deben implementarlas.
Los graduados y graduadas sociales hemos sido pieza clave en la garantía del estado de bienestar y en la estabilidad del tejido empresarial, durante los momentos más críticos de nuestra historia reciente. Pero no podemos seguir asumiendo responsabilidades sin reconocimiento, ni protección.
La desconexión digital no es un privilegio, sino un derecho fundamental. No podemos permitir que la vorágine legislativa y la falta de organización administrativa sigan deteriorando nuestras condiciones laborales. Por ello, instamos a la administración a adoptar medidas urgentes que garanticen estabilidad normativa, seguridad jurídica y un marco de trabajo sostenible para los graduados y graduadas sociales. Solo así podremos seguir prestando un servicio de calidad a personas trabajadoras, empresarios, autónomos y ciudadanía en general, sin que ello suponga el sacrificio de nuestra salud y bienestar.
Igualmente, y no podemos olvidar, por último y no menos importante nuestra reivindicación ante el Ministerio de Justicia para que se adopten los cambios normativos necesarios que regulen nuestra participación en el recurso de casación ante la Sala IV del TS y la inclusión de los graduados y graduadas sociales en la futura ley de asistencia jurídica gratuita. Dos reivindicaciones justas y necesarias que un servicio publico de justicia acorde a la realidad social beneficiaria al conjunto de la ciudadanía.