La Audiencia Nacional anula la multa de 125.000 euros de la CNMC al Colegio de la Abogacía de Bizkaia por recomendación de precios
El tribunal no ha encontrado ninguna prueba de que el colegio difundiera baremos orientativos con esta finalidad

La Audiencia Nacional ha estimado el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia (ICA Bizkaia) contra la sanción de 125.000 euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el caso Bankia por recomendación de precios. La sentencia, del pasado 19 de febrero, además de anular la sanción, impone el pago de las costas procesales a la CNMC.
El procedimiento, iniciado en 2017, ha pasado por distintas fases hasta llegar a esta resolución favorable al colegio. La clave de la decisión judicial radica en la valoración de la prueba, ya que el tribunal considera que el expediente sancionador no acreditó la conducta atribuida al colegio en relación con la publicación y difusión de las normas orientadoras sobre precios de servicios profesionales del Consejo Vasco de la Abogacía. Una práctica por la que la CNMC sancionó a hasta nueve colegios de abogados en relación con el asunto de las costas procesales en los juicios por la salida a bolsa de Bankia.
La reciente sentencia (acceda aquí a su contenido) se diferencia de una resolución anterior favorable al colegio, que se basaba en un argumento jurídico sobre la falta de competencia de la CNMC y derivó en un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal falló en esa ocasión finalmente a favor de la competencia de la CNMC para investigar estas prácticas. En cambio, la nueva resolución se centra en la apreciación de la prueba, lo que puede influir en la posibilidad de que la CNMC interponga un recurso de casación. En cualquier caso, habrá que esperar 30 días hábiles desde su publicación para conocer si dicho recurso se presenta o si la sentencia queda firme.
La defensa del Colegio ha sido llevada a cabo por Esteban Umerez, quien era miembro de la junta de gobierno del colegio cuando se inició el expediente sancionador. El abogado confía en que esta última resolución que libra al colegio de la multa sea definitiva. “La multa se ha anulado por una cuestión de valoración de la prueba. Los jueces han examinado el expediente sancionador y no ha quedado acreditado que el colegio publicara ni difundiera las normas”, apunta el letrado, que aclara que habrá que esperar al movimiento de abogacía del Estado. El colegio adaptó sus estatutos en 2009 cuando se publicó la directiva Bolkestein sobre servicios profesionales y, según Umerez, ni el colegio ni el Consejo de la Abogacía Vasca difundieron baremos de precios, práctica sancionada por el órgano regulador por vulnerar la libre competencia.
En enero, la CNMC volvió a abrir multar al Colegio de la Abogacía de Barcelona por recomendació de precios. El colegio ha recurrido la sanción. En este caso, tiene a su favor la reciente Ley de Derecho de Defensa, cuyo articulado recoge el derecho de los ciudadanos a conocer “las consecuencias de una eventual condena en costas”. Por este motivo otorga expresamente a los colegios de la abogacía la potestad de “elaborar y publicar criterios orientativos, objetivos y transparentes, que permitan cuantificar y calcular el importe razonable de los honorarios a los solos efectos de su inclusión en una tasación de costas o en una jura de cuentas”.
En opinión del abogado Esteban Umerez, esta ley respalda a los colegios en su labor de facilitar criterios para calcular y prever la cuantía de una posible condena en costas. “Introduce la posibilidad de cuantificar el precio de los servicios. Hasta ahora, la CNMC excluía cualquier lista o tabla numérica”, explica. Sin embargo, según Umerez, “aun así el debate sigue abierto ya que la CNMC sigue estando legitimada para interpretar si estos baremos son en realidad recomendaciones colectivas de precios”.
Umerez cree que la solución pasa por regular por ley unoscriterios orientativos que garanticen el derecho de los usuarios a conocer de antemano a qué se enfrentan cuando interponen una demanda o un recurso.