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Los nuevos impuestos creados bajo el Decreto 0175 de 2025 buscan recaudar $2,7 billones para financiar proyectos en la región del Catatumbo, golpeada por la crisis social y de seguridad. Sin embargo, los efectos de estas medidas ya generan preocupación entre analistas y sectores productivos.
El ministro de Hacienda, Diego Guevara, explicó que el dinero recaudado se destinará a programas de erradicación de cultivos ilícitos, seguridad, infraestructura vial y subsidios a la población vulnerable. La gran pregunta es si esta carga fiscal adicional afectará el crecimiento económico y si el recaudo proyectado es realista.
El decreto establece tres impuestos específicos, dirigidos a sectores de alto dinamismo económico:
- Juegos de azar en línea: ahora pagan un IVA de 19 % sobre los depósitos en plataformas de apuestas. Se espera recaudar $1 billón con esta medida.
- Exportaciones de petróleo y carbón: se impone 1 % de impuesto sobre las ventas externas y la primera comercialización dentro del país, con un recaudo estimado de $1 billón.
- Impuesto de timbre: aplicado a trámites notariales y contratos comerciales por encima de $298 millones (excepto bienes inmuebles). Se espera recaudar $500.000 millones.
Pedro Sarmiento, socio director de impuestos y servicios legales de Crowe Co, señaló que los sectores más afectados por este incremento en la carga tributaria serán el juego en línea, el sector extractivo, el financiero y la construcción.
El efecto en el bolsillo de los colombianos no será menor. El aumento en los costos de producción y financiamiento podría traducirse en mayores precios de la gasolina, el transporte y la vivienda, así como en un posible freno en la generación de empleo en sectores clave.
Aunque el nuevo tributo no es directo sobre el precio del combustible, el sector petrolero podría trasladar parte del costo a los consumidores.
En el caso de los juegos de azar en línea, el impuesto reducirá el dinero disponible para los jugadores, lo que podría afectar la recaudación. Plataformas como BetPlay, Wplay y Rushbet deberán registrarse en la DIAN y cumplir con nuevas obligaciones fiscales.
De acuerdo con el informe, si un usuario “Si un usuario deposita $1.190.000, el IVA será $190.000, dejando solo $1.000.000 para jugar”. Lo que pondría mayor presión fiscal, disminuyendo la actividad y recaudación.
Cabe recordar que, en 2023, las apuestas totales en Colombia alcanzaron los $77,3 billones, con un importante crecimiento en las apuestas en línea, que aumentaron 25,6 % en comparación con el año anterior, según cifras de Coljuegos.
En el rubro de hidrocarburos y minería, el gravamen aumentará los costos operativos de empresas como Ecopetrol, Drummond y Cerrejón, lo que podría impactar la competitividad de Colombia en el mercado internacional. “Si una empresa vende $100.000 millones en petróleo, pagará $1.000 millones adicionales en impuestos”, se lee en el informe.
Las empresas petroleras y mineras podrían reducir producción o buscar estrategias contables para minimizar su impacto fiscal, que se vería agravado de 1 % a 5 %.
Según cifras del DANE, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas cayeron 14,5 %, sumando US$1.568 millones FOB. La caída estuvo liderada por el desplome en las ventas de hulla, coque y briquetas. En contraste, el petróleo y sus derivados lograron un leve crecimiento del 2,4 %.
Así las cosas, imponer un nuevo tributo podría hacer menos competitivos estos productos en el mercado global, demostrado por el reciente reporte utilidades de Ecopetrol.
Por su parte, el sector financiero y comercial sufrirá un encarecimiento de créditos y transacciones, afectando la rentabilidad de bancos y fintechs.
Para evitarlo, los “bancos podrían trasladar el impuesto a los clientes mediante tasas de interés más altas o nuevos costos administrativos”, señala el analista Sarmiento.
Y por último, la construcción e infraestructura tendrán costos adicionales por impuestos que podrían encarecer la compra de vivienda y frenar la inversión en obras públicas y privadas.
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¿Cómo se usará el dinero?
La administración Petro insiste en que estos recursos buscan brindar estabilidad y desarrollo a una de las regiones más golpeadas por el conflicto y la pobreza. Sin embargo, los efectos secundarios de la carga tributaria podrían frenar la inversión y afectar la competitividad del país.
E Gobierno señala que los recursos recaudados se destinarán exclusivamente a proyectos en el Catatumbo, incluyendo:
- Erradicación voluntaria de cultivos ilícitos: se invertirán $330.000 millones para transformar 25.000 hectáreas de cultivos ilegales en economías lícitas.
- Seguridad: la región recibirá $881.000 millones para reforzar la presencia del Estado y combatir la violencia.
- Infraestructura vial: se destinarán $200.000 millones para mejorar la conectividad de la zona.
- Educación: se sumarán $286.000 millones en presupuesto adicional.
- Subsidios a adultos mayores: el programa beneficiará a 38.237 personas, con una inversión de $5.286 millones.
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¿Es viable la meta del Gobierno de recaudar $2,7 billones?
El Gobierno espera que estos impuestos sean temporales, pero la historia sugiere que podrían extenderse más allá de 2025. Además, algunos expertos consideran que las proyecciones de recaudo son demasiado optimistas.
En 2003, el entonces presidente Álvaro Uribe creó el impuesto al patrimonio como una medida excepcional para financiar la seguridad democrática. Se suponía que sería temporal, pero continuó aplicándose en gobiernos posteriores.
El 4x1.000, que nació en 1998 como un impuesto de emergencia durante la administración de Andrés Pastrana, sigue vigente más de 25 años después.
El riesgo de que estos impuestos no sean eliminados a tiempo es alto, lo que podría representar una carga estructural permanente para el sector privado y para los consumidores.
Con los impuestos del Catatumbo, el estudio de Crowe Co advierte que factores como la evasión fiscal y la migración de empresas a mercados más competitivos podrían reducir significativamente el dinero efectivamente recaudado.
En el caso de juegos de azar en línea, los expertos estiman que 40 % de los jugadores activos podría migrar a plataformas ilegales, disminuyendo la base tributaria.
En el sector petrolero y minero, el impuesto especial podría incentivar estrategias de subfacturación y reducción de exportaciones para minimizar el impacto fiscal.
En el sector financiero, el impuesto de timbre puede ralentizar la colocación de créditos, afectando el consumo y la inversión.
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